PSOE-A pedirá el jueves en el Pleno del Parlamento que la Junta reclame al Gobierno la retirada de la reforma local

El PSOE-A defenderá una proposición no de ley el jueves ante el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central la retirada del proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y a adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la autonomía local de los ayuntamientos andaluces y la propia autonomía de la comunidad, ante "la agresión" que supone dicha norma.

El PSOE-A defenderá una proposición no de ley el jueves ante el Pleno del Parlamento en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central la retirada del proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y a adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la autonomía local de los ayuntamientos andaluces y la propia autonomía de la comunidad, ante "la agresión" que supone dicha norma.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que inicie una reforma local que se plantee desde el consenso y diálogo con las comunidades, la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), los grupos políticos del Congreso de los Diputados y los principales agentes sociales y económicos del país.

El PSOE-A plantea que la Junta demande al Ejecutivo nacional una nueva reforma local que respete en todo momento las competencias reguladas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y las leyes locales andaluzas sobre las corporaciones locales y que dé respuesta a las principales demandas de la ciudadanía, como atender las auténticas necesidades de financiación de las entidades locales, clarificar sus competencias o adaptar los ayuntamientos a las nuevas necesidades de la sociedad y convertirlos en potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo y nuevas oportunidades.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el grupo socialista indica que dicha norma vulnera el Estatuto de Autonomía de Andalucía al menos en 15 artículos, los cuales consagran un núcleo competencial propio de las corporaciones locales, al tiempo que "desmantela" el modelo institucional de la administración local, la cual pierde, en buena medida, su carácter de gobierno local y su propia autonomía.

"Pretende imponer un modelo de Estado que nace de una opción ideológica de claro centralismo, que utilizando la situación de crisis económica de nuestro país y la necesidad ante la misma de un adelgazamiento de la administración pública, se disfraza de "ahorro" lo que en definitiva va a suponer una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la articulación del Estado", según se señala.

Para los socialistas, que la ley hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de las exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la Unión Europea, "oculta los verdaderos objetivos de los cambios que impulsará esta norma, una auténtica reforma de las dos leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico local español", la reguladora de las Bases del Régimen Local y el real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La ley persigue, según el PSOE-A, reforzar el control e incidencia del Estado en los ayuntamientos y entes de naturaleza municipal, y

eliminar la rentabilidad social de los servicios públicos municipales fomentando la privatización de los mismos. Se busca, según los socialistas, "el desmantelamiento del sector público local y la privatización de los servicios, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de las Entidades Locales de Andalucía (ELA)".

"Estamos ante un vaciado de poder local, de capacidad de resolución de problemas por parte de los representantes democráticamente elegidos, de su representatividad —si las competencias pasen a ser gestionadas por las diputaciones— y de la calidad democrática, en general", según el PSOE-A, para quien esa reforma local "saca a concurso, en la práctica, la gestión de todos los ayuntamientos de España".

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