La Asociación Eólica de Cantabria (AEC) ha pedido una "profunda revisión" del proyecto de ley de Aprovechamiento Eólico, un texto que, en opinión de este colectivo, "sigue sin aportar la seguridad jurídica necesaria".

En un comunicado, el portavoz de la AEC, José Antonio Merino, ha afirmado que Cantabria "también perderá el tren de desarrollo eólico en España" si no se modifica dicho proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria.

"Ninguna empresa podrá instalar un parque de aerogeneradores en nuestra Comunidad Autónoma", si no es posible salvaguardar una rentabilidad razonable de los proyectos, ha asegurado Merino.

Para la AEC el proyecto de ley presentado ya en sede parlamentaria, "no sólo no garantiza la seguridad jurídica, sino que tampoco contribuirá al desarrollo industrial y a la creación de nuevos puestos de trabajo en Cantabria".

"Los nuevos impuestos que pretende añadir el Gobierno a los ya existentes constituyen una medida totalmente desincentivadora para cualquier inversor y comprometen la viabilidad de muchos proyectos", asegura.

En este sentido, la AEC destaca que, precisamente el Gobierno central está tratando de "limitar" la proliferación de este tipo de impuestos "verdes" autonómicos o locales porque "sólo contribuyen a romper la unidad de mercado y a generar mayores desequilibrios interterritoriales".

Sin embargo, según dice, Cantabria insiste con esta ley en "incrementar" la carga fiscal a las empresas del sector que tuvieran previsto apostar por su implantación en la región. "Y lo hace en el peor de los momentos posibles", según Merino, "en el momento en que la generación de energías renovables ya se ha visto seriamente perjudicada por la modificación del sistema retributivo a nivel estatal, y la economía española atraviesa serios problemas de financiación".

Para la asociación, la exigencia del canon eólico, las aportaciones al Fondo de Compensación o las nuevas tasas creadas, junto con las numerosas figuras impositivas o recaudatorias que ya existían con anterioridad, no se justifican desde el punto de vista medioambiental o socio-económico y "sólo responden a un afán recaudatorio que colocará a Cantabria en una situación de patente desigualdad con otras comunidades autónomas".

La AEC destaca que en la actualidad las empresas ya pagan "importantes cantidades" en concepto de impuestos destinados a la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, además de alquileres y rentas que contribuyen a "dotar económicamente" las arcas de los municipios o juntas vecinales con desarrollo eólico.

Por otra parte, a juicio de la asociación, "tampoco es cierto" que este proyecto de ley aporte la seguridad jurídica necesaria. Así, considera que, por un lado, deja sin resolver la complicada situación planteada tras la anulación del concurso eólico por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), sentencia sobre la que siguen pendientes varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo y las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que interpondrán las empresas adjudicatarias por los daños y perjuicios causados.

Y, por otro lado, algunas de las previsiones del proyecto de ley presentan "serias dudas de legalidad", como pueden ser determinados criterios de selección de los proyectos en competencia, que "nada tienen que ver" con la calidad técnica de los propios proyectos, sino con la capacidad económica de las empresas concurrentes para aportar ingresos al Fondo de Compensación.