El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha paralizado cautelarmente el traslado de los 152 trabajadores de Golden Line en Torrelavega a la empresa Konecta en Valladolid, previsto a partir del 1 de octubre tras la subrogación del servicio de Vodafone.

La paralización cautelar del traslado tendrá vigencia hasta que el juez se pronuncie sobre la demanda colectiva planteada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra Golden Line y Konecta, a la que se han adherido posteriormente los sindicatos USO, CSIF y UGT, y cuyo juicio se ha fijado para el 28 de octubre.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ramón Gimeno señala que la movilidad geográfica a otro centro de trabajo situado a 250 kilómetros "es una situación tremendamente perturbadora para cualquier trabajador, y esa perturbación o daño empieza desde el primer día, con lo que la eventual sentencia dictada en la instancia o en otro órgano superior -mora procesal-, siempre llegará tarde sobre el daño causado".

En "el otro lado de la balanza", el juez considera que la empresa "no ha acreditado un especial daño por demorar la decisión organizativa". Asimismo, ve una "apariencia de corrección" en el derecho postulado por la parte demandante, tanto de legitimación activa como de la causa.

El magistrado comienza el auto advirtiendo que va a ser "deliberadamente escueto" en aras a "evitar prejuzgar el fondo del asunto", pese a que "son muchas las reflexiones que se pueden hacer al hilo del conflicto suscitado respecto a la medida cautelar y que las partes han defendido como si se tratara ya del plenario" -la vista en la que se juzgará el fondo del asunto-.

Aún insistiendo en que la "cautela" que se debe tener en este tipo de medidas previas al juicio aconseja no profundizar más antes de la vista, el magistrado contesta a la alegación efectuada por Konecta, que entiende que la competencia del caso es de la Audiencia Nacional, extremo que descarta dado que el traslado sólo afecta a los trabajadores de Golden Line en Torrelavega, "con lo que la competencia de este partido judicial es llana".

En la solicitud de la paralización cautelar del traslado, la CGT alegó, además del elevado número de trabajadores afectados, que no tendría un coste excesivo para la empresa la suspensión de la medida y, en cambio, sería decisivo para los trabajadores; y que el procedimiento es "nulo por falta de buena fe en la negociación", por no tener legitimación activa las demandadas y porque "no existe una causa organizativa o productiva que justifique la decisión, si no en su caso, económica".

Por su parte, las empresas de telemárketing defienden la "buena fe", el cumplimiento de los requisitos legales y la "inexistencia de perjuicios graves para los trabajadores por el hecho de que se respete la ejecutividad de la decisión empresarial".

El magistrado matiza que el número de trabajadores afectados no afecta a la hora de determinar la ejecutividad o no del traslado, dado que la ley no contempla este parámetro para otorgar o denegar la medida cautelar, de tal forma que el resultado judicial no debe ser distinto al que se otorgaría si fuera un solo trabajador.