CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Generalitat Valenciana de contratar a mutuas para cubrir las contingencias profesionales, tarea que hasta ahora realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En opinión de los sindicatos, que emitieron un informe desfavorable a la firma, si se produce esa "migración" de servicio, "los trabajadores sufrirán una pérdida de la calidad asistencial".

Los representantes de los empleados públicos entienden que "se trata de un nuevo desvío de fondos públicos, ya recortados, al sector privado", además de "suponer una pérdida de puestos de trabajo en el sector público sanitario".

CCOO advierte de que adoptará "todas aquellas medidas necesarias" ante lo que considera "un nuevo recorte en las condiciones laborales", a fin de "defender un sistema en el que prevalezca el criterio del colectivo destinatario de la cobertura y no los intereses exclusivamente económicos de unos pocos".

Según informa el sindicato, los presidentes de las Juntas y Comités de la provincia de Valencia han rechazado este jueves que sus bajas por accidente de trabajo sean gestionadas por mutuas. En una reunión informativa convocada por la administración sobre el expediente de suscripción del convenio de asociación con las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, han pedido explicaciones y saber "cómo va a afectar" a los trabajadores.

A continuación, se ha producido un "levantamiento en bloque" de un encuentro en el que los representantes de la administración les han comunicado que "no tenían previsto dar ningún tipo de documento", sino "dar a conocer, mediante un power point, a la mutua Umivale, la aseguradora elegida para cubrir la provincia de Valencia y a la que, según han dicho, se le destinarían 35 millones de euros", apunta CCOO.

Desde UGT constatan que se han marchado de la reunión "porque la administración ha llegado sin la información solicitada" y subrayan que "si las mutuas se van a encargar de llevar los procesos de enfermedades y accidentes profesionales, se necesita saber el porqué de este cambio".

Así, se interesan por la "necesidad hay para sustraer esta tarea de la Seguridad Social", por "cuál va a ser el coste de este cambio" y por "la normativa y los medios con los que van a contar las mutuas".

Concentración para rechazar la medida

El sindicato exige la retirada de la licitación y la paralización de este proceso y, de hecho, esta misma mañana ha organizado una concentración de delegados de FSP-

Ugt pv su rechazo a la medida.

A su vez, CSI·F informa de que los representantes de los empleados públicos han acusado a los responsables del Gobierno autonómico de "no negociar, de provocar pérdida de puestos en el sector público y no proporcionar información sobre la contratación".

En un comunicado, reprueba que "el Consell no ha llevado el tema a mesa técnica alguna" y destaca que, hasta la fecha, la cobertura de las contingencias profesionales se ha realizado "con total eficiencia por parte de empleados públicos".

Cemsatse también rechaza esta medida y reivindica que el servicio público de salud "cuenta con los mejores profesionales y medios existentes". Es más, apunta que "si algo falla, y seguro que falla, es la gestión del servicio público que realiza la administración".

El sindicato insiste en que "no se ha dado ninguna justificación para este cambio de modelo" que, a su juicio, "no supone ningún beneficio para el trabajador-funcionario asistido", sino únicamente, "una vez más, la privatización de una parte de la sanidad pública".