El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado una petición para que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, "dé explicaciones" en la Cámara de la "connivencia" del Gobierno autonómico en la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid que actualmente se encuentra en los juzgados.

Así lo ha explicado este jueves la viceportavoz del Grupo Parlamentario, Ana Redondo, para quien resulta "impensable" que una "trama de corrupción" como ésa pudiera desarrollarse "sin la participación del consejero".

En declaraciones recogidas por Europa Press, Redondo ha recordado que Silván firmó "dos órdenes" que "permitieron y encubrieron", a su juicio, la manipulación de dicho PGOU.

En este sentido, el secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, ha detallado que el 18 de agosto de 2003 la Consejería emitió una orden en la que daba vía libre al Plan con la condición de que "el Ayuntamiento mandara un texto refundido" que corrigiera algunos errores, frente "a las recomendaciones de los técnicos" que favorecían dicha aprobación "bajo su supervisión". Así, Izquierdo ha acusado a Silván de permitir al Consistorio la modificación del Plan "sin la supervisión de los técnicos de Fomento", y de firmar posteriormente "también sin informes técnicos que avalaran esos cambios", lo que, en su opinión, "favoreció su manipulación".

Por todo ello, el líder de los socialistas vallisoletanos ha subrayado la "implicación personalísima" de Antonio Silván, quien, además, "concedió tres meses de prórroga al Ayuntamiento para refundir el texto", cuando "los técnicos abogaban por dar 15 días", tres meses en los que, según Izquierdo, "se produjo la manipulación".

ENCUBRIMIENTO

Por otro lado, Javier Izquierdo ha señalado que el segundo momento en el que el consejero "colaboró" con estos hechos fue cuando "permitió su encubrimiento" al dictar una orden de corrección de errores que "tildaba de errores materiales las manipulaciones".

Una orden que, como ha recordado el secretario provincial del PSOE, "fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)" y envió la causa al Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.

De esta forma, Izquierdo ha resumido la actuación del consejero en este asunto en "dejación de funciones y connivencia en la manipulación", un "atentado contra la democracia", puesto que se modificó "en la sombra" un PGOU "aprobado en el pleno por los concejales elegidos por los ciudadanos".

En esta idea ha coincidido el presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, quien ha asegurado que "existen indicios suficientes" para la imputación tanto del alcalde de la capital, Francisco Javier León de la Riva, como del propio Silván.

Sobre esta última, Puente ha sugerido que la no imputación del consejero puede deberse al deseo del Juzgado de "no perder la causa", puesto que al tratarse de un aforado, supondría el envío de la causa al TSJCyL.

Acuerdo alcalde/CONSEJERO

El presidente del Grupo Municipal ha insistido en que la decisión de aprobar el PGOU se realizó "mediante un acuerdo entre León de la Riva y Silván sin un sólo informe técnico que lo avalara", y ha asegurado que dicho expediente se inició "meses después". "El consejero se tiró a la piscina por iniciativa propia", ha añadido.

Óscar Puente también ha criticado que su grupo, que fue quien presentó la denuncia al Juzgado, no haya podido personarse como parte por "no poder hacer frente a los 45.000 euros de fianza inicial", que luego fue rebajada a 20.000, "mientras al PP le costó sólo 1.500 poder entrar para torpedear la investigación en el caso Gürtel".

En cuanto a la posible petición de dimisión del consejero, Ana Redondo ha pedido "esperar a conocer las explicaciones" que da, antes de "tomar otras decisiones", pero sí ha advertido de que "serán incisivos" durante la comparecencia" y ha pedido que ésta "se produzca cuanto antes" y que "no lo deje para dentro de un año".