El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebra este jueves un pleno ordinario en cuyo orden del día figuran la incorporación de las dos personas que ocupan las actas vacantes en el Grupo socialista a cuenta de las renuncias del pasado mes de agosto, una propuesta para rebajar el salario de los concejales con régimen de dedicación exclusiva y una moción sobre la paralización de las obras del tranvía.

En el orden del día, recogido por Europa Press, figura la incorporación de Pilar Benítez y Ana Vannerau como nuevos concejales del Grupo socialista. Vannerau y Vannerau ocupan así las actas de edil vacantes tras la reciente renuncia de los socialistas José Manuel Rodríguez y Ana Belén González Pérez, otrora responsables de las áreas de Turismo y Educación, respectivamente. Estas renuncias acontecieron el pasado mes de agosto, después de que a comienzos del pasado mes de junio la concejal socialista Laura Ballesteros decidiese transformarse en edil no adscrita, lo que para el Gobierno municipal de Antonio Gutiérrez Limones supuso la pérdida de la mayoría absoluta en el pleno corporativo.

En el orden del día, además, figura la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2012, así como el documento de aprobación provisional del plan especial del centro integral de tratamiento de residuos urbanos Montemarta-Cónica y su correspondiente estudio de impacto ambiental.

En el capítulo de las mociones de las fuerzas políticas, IU-CA defenderá una moción para reducir a la mitad los salarios de los concejales que gozan de régimen de dedicación exclusiva, así como un "boicot" a la empresa Roca Sanitarios a cuenta del reciente cierre de la planta de Alcalá. El PA, de su lado, elevará a debate una propuesta sobre el tranvía destinado a conectar el municipio con Sevilla capital, cuyas obras sufren una prolongada paralización pese a contar con un grado de ejecución de más del 77 por ciento.

El PP, de otro lado, eleva una moción sobre el "Fondo de Emergencia Municipal" y también será debatida una moción conjunta de todas las fuerzas políticas en defensa de la plantilla española de la base de Morón de la Frontera, que este mismo miércoles sufría los 66 despidos incluidos en el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa gestora de las instalaciones militares.