La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado a la Junta y a los gestores de subvenciones a familias, empresas e instituciones sin fines de lucro que revisen sus procedimientos internos con el fin de "agilizar y reducir los tiempos de tramitación de los expedientes y poder dar cumplimiento a los plazos máximos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones que tramiten".

En un informe de 'Fiscalización de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro. Perceptores del segmento de 10.000 a 30.000 euros. Ejercicio 2010', el ente fiscalizador ha recordado que las bases reguladoras de las subvenciones de los expedientes analizados establecen los plazos máximos para dictar la resolución de concesión de las ayudas.

Así, el informe, consultado por Europa Press, indica que "en el 71 por ciento de los expedientes analizados se han respetado los plazos establecidos en las bases reguladoras", aunque "se ha detectado que en 26 expedientes, que representan el 28 por ciento de los analizados, se han sobrepasado los plazos establecidos en las bases".

Por ello, la Cámara de Cuentas ha recomendado en el informe que los órganos gestores "revisen sus procedimientos internos con el fin de agilizar y reducir los tiempos de tramitación de los expedientes y poder dar cumplimiento a los plazos máximos previstos en las respectivas bases reguladoras de las subvenciones que tramiten".

El informe precisa que se ha seleccionado para su análisis una muestra de 92 expedientes, que han sido tramitados por 10 consejerías y que se corresponden con 47 beneficiarios distintos. De los 92 expedientes analizados, 88 se corresponden con subvenciones regladas, y cuatro expedientes se corresponden con subvenciones de concesión directa. Asimismo, de los 88 expedientes de subvenciones regladas, 59 han sido de concurrencia competitiva y 29 de concurrencia no competitiva, mientras que de los cuatro expedientes de subvenciones de concesión directa uno ha sido nominativa y tres excepcionales.

Entre las conclusiones del informe, el ente fiscalizador indica que han sido detectadas incidencias "en un número muy reducido de expedientes" en cuanto al hecho de que en las fases de instrucción queden acreditados que los solicitantes reúnen todas las condiciones y requisitos establecidos en las bases para ser beneficiarios de subvenciones y que las incidencias detectadas en las revisiones hayan sido subsanadas con anterioridad. No obstante, hace una recomendación general para que "los órganos gestores vigilen el cumplimiento de todos los requisitos y que incorporen a los expedientes documentación suficiente sobre los mismos".

El informe indica que "si bien en la mayoría de los expedientes analizados constaban las publicaciones efectuadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, se han detectado que en 20 expedientes no figuraba la publicación efectuada para el cumplimiento de esta obligación, lo que "casi un 22 por ciento de los analizados".

La Cámara de Cuentas destaca que "en general, las justificaciones presentadas por los beneficiarios acreditaban suficientemente que se habían llevado a cabo las actividades objeto de ayuda".

Evitar concurrencia

Tras indicar que se ha puesto especial hincapié en "aquellas justificaciones presentadas por beneficiarios que han percibido subvenciones de más de una consejería", ha precisado que se ha detectado que, "aunque por importe inmaterial, en un caso se ha incluido como justificación de ambos expedientes, gastos de nómina de dos meses de un trabajador del beneficiario", por lo que, para evitar este tipo de incidencias, se ha recomendado que las bases reguladoras "deberían incluir la obligación de validación y estampillado de los justificantes de gastos según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y que sean exigidos con la presentación de las justificaciones, con el fin de evitar la posible concurrencia de subvenciones en un mismo proyecto".

El informe indica que se ha detectado que, en nueve expedientes, no se encontraba acreditado el pago a los proveedores de los beneficiarios, y agrega que en un caso "se han presentado justificantes que pudieran no corresponder al período de elegibilidad de la subvención". En ese sentido, recuerda que "por los órganos gestores es preciso emitir un certificado que acredite la correcta aplicación de las subvenciones y ayudas concedidas y en cuatro expedientes no constaba este certificado".

Por todo ello, se ha recomendado que los órganos gestores "exijan la presentación de todos los justificantes establecidos en las bases reguladoras y en especial la acreditación fehaciente de la realización y pago de la actividad objeto de subvención y que este extremo quede certificado y acreditado en la documentación de los expedientes".

Por último, el informe ha explicado que se han llevado a cabo comprobaciones para verificar que los expedientes analizados han sido incluidos en la base de datos de subvenciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre lo que indica que "se ha detectado que únicamente en tres expedientes analizados no consta su inclusión en esa base de datos".

Así, agrega que la información incluida se refiere principalmente a la relativa a la concesión, que "se corresponde con las fases contables de autorización y disposición sin que tenga reflejo las actuaciones posteriores de los expedientes, tal y como establece su normativa reguladora". En este sentido se ha recomendado que desde la Intervención General "se dicten las instrucciones necesarias y se lleven a cabo los desarrollos necesarios para que se incluyan en la base de datos toda la información establecida en la norma que la regula".