La Unión Sindical Obrera -USO- de la Región Murciana tras la publicación de los datos relativos al déficit público, que se eleva al 1,48 por ciento en Murcia en los siete primeros meses del año, —a tan solo once décimas del máximo fijado por el Ministerio de Hacienda para todo el año (1,59%)—, muestra su preocupación por el hecho que "nuevamente nuestra región encabece con Navarra, otro liderazgo negativo, el enésimo de datos macro-económicos de todas las Comunidades Autónomas".

Preocupación por los efectos colaterales que pueden suponer para la ciudadanía, es decir, ha señalado, "un nuevo reajuste por el Gobierno regional para su contención en los cinco meses que restan para terminar el año".

A su juicio, el Gobierno regional está siendo incapaz de controlar las cuentas públicas, pues "se encuentra en los datos hasta julio con un déficit superior en un 93% a la media nacional (0,77%), a pesar de establecer el Gobierno de la Nación, un déficit a la carta para cada autonomía en el 2.013, y salir Murcia beneficiada por obtener uno de los niveles máximos de permisividad".

Por lo que más allá de las promesas sin fecha de un sistema de financiación más justo para Murcia relatadas por el presidente Ramón Luis Valcárcel esta mañana en la Asamblea Regional tras su entrevista con el presidente de la Nación, USO considera que se tendrá que acudir a un nuevo "rescate" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al igual que el año pasado.

La USO advierte del alto riesgo que supondrían nuevos recortes y tijeretazos por parte del Gobierno regional en sectores básicos de la economía murciana y del gasto social, como pudieran ser más congelación de pagas extras, depreciaciones en Sanidad, Educación o Dependencia, con el fin de enmendar el desfase de dicho déficit.

"Si quieren recortar todavía hay partidas donde se pueden hacerse sin perjudicar a las clases medias y trabajadoras, como asimismo a las PYMES, como son las abundantes y prescindibles subvenciones nominativas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, instituciones obsoletas para su coste, gastos suntuarios, obras sin utilidad y reducción de cargos públicos, asesores y sus remuneraciones", concluye el sindicato.