La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha advertido este martes de que la reforma tarifaria aprobada por el Gobierno este verano "maltrata" a la agricultura con respecto al resto de sectores productivos y significará para el regadío andaluz una subida media de 20,26 por ciento, muy superior al incremento medio del 3,2 por ciento señalado por el Ejecutivo estatal, lo que supone en términos brutos un incremento de unos 37 millones de euros anuales en el coste eléctrico.

Así, en una nota, Feragua ha señalado que las posibilidades de subsistencia de los regantes "prácticamente se anulan" ante "unos márgenes ínfimos".

Según Feragua, este incremento se debe a la subida "desproporcionada" del término de potencia, de tres dígitos en los dos tipos de tarifas más habituales en el regadío andaluz, subida que "no se compensa" con la disminución de los importes de la fracción regulada del término de energía, debido al peculiar patrón de consumo del regadío, asociado a la disponibilidad del agua y a una climatología anual variable, y que por regla general se concentra entre seis y ocho meses, con uso intensivo durante los meses de verano, un uso medio en abril-mayo y septiembre-octubre, y bajo o nulo durante el resto del año.

Feragua pone de manifiesto que la subida contemplada en la reforma tarifaria, unida a una legislación que obliga a contratar un término de potencia único para todo el año, va a tener un impacto "insoportable" para el regadío andaluz, y "muy particularmente" para sus comunidades de menor dimensión y con baja intensidad de uso de la electricidad, para las que va a significar un incremento superior al 40 por ciento.

"Lo que está en juego es la propia supervivencia de estas comunidades y el consiguiente abandono de sus zonas regables", advierte la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, que pone el ejemplo de la comunidad de regantes Nuestra Señora de los Dolores, en Jaén, afectada por una subida superior al 43 por ciento, completamente incompatible con su subsistencia.

La presidenta de Feragua advierte además de que "llueve sobre mojado", porque esta nueva reforma tarifaria se une a una espiral de crecimiento de los costes eléctricos que arranca de 2008, cuando la liberalización del mercado eléctrico español supuso la desaparición del régimen especial de tarifas para el regadío. Desde entonces, el incremento del término de potencia en el tipo de tarifa más habitual del regadío andaluz (la 6.1) ha sido del 1.255 por ciento, pasando de los 7,773 euros/kw/año con las tarifas reguladas a los 105,3994 euros/kw/año tras la última reforma. Y el incremento de la factura eléctrica final se elevará a más de un cien por cien, unos 90 millones más en siete años, de 2007 a 2013.

A juicio de Feragua, de no corregirse, las nuevas tarifas frenarán el proceso de modernización, que conlleva más costes eléctricos, lo que llevará a las comunidades de regantes a preguntarse si realmente merece la pena hacer ese esfuerzo, cuando por un lado ahorrarán más agua pero por otro pagarán más electricidad, y cuando además la crisis económica y financiera que sufre nuestra economía no invita precisamente a realizar grandes inversiones.

Bustamante ha pedido a las administraciones un ejercicio de coherencia, "de modo que no frenen por un lado lo que impulsan por otro", y ha demandado, por tanto, que las ayudas a la modernización se definan dentro de un marco de políticas de apoyo global y coherente al regadío, "sin incongruencias", y donde se recoja un marco eléctrico más adaptado a las patrones de consumo de la agricultura.

Feragua ha pedido por tanto al Ministerio de Agricultura que medie ante Industria para reformar la legislación eléctrica actual, en la dirección de permitir al regadío modificar la potencia contratada durante el año según las necesidades de consumo.

Por último, ha demandado igualmente a las nuevas consejeras de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, que defiendan los intereses del regadío andaluz en contra de esta reforma tarifaria que frenará la modernización del campo y traerá más paro y pobreza al medio rural.