Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma en poner en marcha, en Santander, un juzgado específico para atender las demandas de afectados por participaciones preferentes, un órgano que en dos meses ha recibido 197 asuntos, el de mayor cuantía para reclamar un importe de 540.000 euros.

Los magistrados que resolverán los asuntos de los preferentistas en este juzgado específico creado el pasado 12 de julio, Luis Sánchez Gall y Cristina Rodiz, destacan, en una entrevista, que desde que este órgano específico comenzó su andadura el ritmo de entrada de demandas se ha "acelerado muchísimo".

Esta medida pretende atender de forma ágil el "aluvión" de asuntos que ya están llegando a los juzgados, pero la creación de órganos específicos no se circunscribe sólo a Cantabria.

De hecho, en otra región que acumula gran parte de los pleitos por venta de preferentes, Galicia, se han impulsado dos órganos de nueva creación (en A Coruña y Vigo), en este caso bajo la tutela de jueces en comisión de servicios.

En Santander, los pleitos civiles por preferentes se centralizan en el Juzgado de Primera Instancia número 7, para repartirse "a medias" (junto al resto de asuntos de ese órgano) entre su titular, Luis Sánchez Gall, y la juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Cristina Rodiz.

"Ha habido una progresión geométrica en la presentación de demandas", subraya Sánchez Gall, que habla de un cierto "efecto llamada" y resalta que antes de la entrada en servicio del juzgado se habían recibido poco más de un centenar, una cifra que en un mes casi se ha doblado.

Y es que, según los datos facilitados por los magistrados, hasta el final de esta semana este juzgado de preferentes registró un total de 197 demandas, que están en tramitación.

De estas 197 demandas, todas ellas dirigidas contra Liberbank (el banco en el que se ha integrado Caja Cantabria), 41 se corresponden con diligencias preliminares, 150 son de juicios ordinarios (más largos y para reclamaciones de más de 6.000 euros) y seis de verbales (para menos de esa cantidad).

Los demandantes en estos procesos son todos personas físicas y, en un 65% de los casos, jubilados. Se trata "de personas ya de cierta edad" que invirtieron en este producto financiero "los ahorros de toda su vida", puntualiza Sánchez Gall.

En casi todos los pleitos las cantidades que se reclaman oscilan entre los 10.000 y los 100.000 euros, con un promedio entre 40.000 y 50.000 euros.

La demanda por el importe por ahora más elevado asciende a 540.000 euros, y la han presentado los propietarios de una tienda de muebles.

Los jueces creen que el principal valor de este juzgado será la celeridad en la tramitación de los asuntos. "Lo que hace el órgano especializado es que todo vaya más rápido y que el resto de juzgados no se colapsen", manifiestan.

El juzgado ya ha comenzado a señalar juicios verbales (para cuantías inferiores a 6.000 euros) para finales de septiembre, y para los ordinarios (importes por encima de 6.000 euros) se podrían establecer las primeras fechas en la segunda mitad de octubre.

Sánchez Gall y Rodiz comentan que los juicios se están señalando "de media en media hora", y podrían celebrarse entre doce y quince vistas diarias. Como mucho, agregan, el proceso, hasta tener la sentencia, se prolongaría unos dos o tres meses.