La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado este jueves que el Gobierno tiene la obligación de escuchar y velar por las libertades y derechos de todos, incluidas "las mayorías silenciosas" que se quedan en sus casas, y que el Gobierno "habla y dialoga" dentro de la Constitución.

La Via Catalana per la Independència, una cadena humana que recorrió Cataluña de norte a sur (400 Km) a las 17,14h de la Diada, logró reunir a 1,6 millones de personas, según la Generalitat. Un día después, Sáenz de Santamaría, ha remarcado que el "objetivo nacional" es crear empleo.

La vicepresidenta ha resaltado que el Gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles y, entre ellos, "también a los que se quedan en sus casas", a los que ha calificado como "mayorías silenciosas" que "tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones".

En la misma línea se ha manifestado la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien ha mostrado su respeto por quienes participaron en el cadena humana pero ha afirmado que no fue representativa de la sociedad catalana y que la Cataluña real "se quedó en casa".

Según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha rechazado el dato de participación en la Vía Catalana de 1.600.000 personas ofrecido por la Generalitat y ha considerado que esta cifra no se ajusta a la realidad y que, más bien, "ha sido multiplicada por cuatro". En cualquier caso, "una mayoría silenciosa de catalanes" no se ha manifestado y el Gobierno "va a trabajar por el conjunto de los siete millones y medio de catalanes".

El consejero de Interior, Ramon Espadaler, se ha mostrado convencido de que Fernández Díaz tiene "ganas de distorsionar la realidad". "Roza el ridículo al salir diciendo que lo que hemos visto y que ha visto el mundo no es tal", ha afirmado en referencia a las declaracions del ministro, quien cifró la participación en la cadena en 400.000 personas.

Ante este baile de cifras, Espadaler ha indicado que la aportada por su departamento se basa en la información facilitada por varias regiones policiales y de la Guardia Urbana de Barcelona, que cifró en medio millón los asistentes a la cadena en la capital catalana.

En la línea de Sáenz de Santamaría, Fernández Díaz ha afirmado que el Gobierno está "abierto al diálogo" con la Generalitat de Cataluña, pero siempre "en el marco de la ley", aunque está en "radical desacuerdo" con sus pretensiones soberanistas y defiende la necesidad de defender la convivencia pacífica entre España y Cataluña como viene sucediendo desde "hace siglos".

En declaraciones a Antena 3, la dirigente del PP subrayó que más de seis millones de catalanes no participaron en los actos independentistas y censuró al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por no pensar en ellos e impulsar esas convocatorias usando para ello, de manera "vergonzosa y lamentable", a los medios públicos catalanes.

Sánchez-Camacho ha vuelto a pedir Mas que recupere la sensatez y el sentido de la legalidad, y que se siente a negociar "lo que se puede mejorar", como un nuevo modelo de financiación para toda España, que incluya "una singularidad para Cataluña".

En cambio, para el líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, la cadena humana fue un éxito y, vía Twitter, ha felicitado desde Panamá —donde está de viaje oficial— a los organizadores y a los asistentes al acto. Duran ha afirmado que si el éxito de la Vía Catalana contribuye a poder ejercer el derecho a decidir y la consulta será el primero en alegrarse.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado su convicción de que las instituciones europeas entienden la reivindicación de Cataluña después de que la Vía Catalana hacia la independencia haya servido para "demostrar al mundo la voluntad" de los catalanes para decidir su futuro.

En declaraciones a la cadena SER, Junqueras ha precisado que lo que ha cambiado después de la cadena humana es que se ha producido un "nuevo aval ciudadano" al referéndum de autodeterminación y, en este sentido, ha reiterado que su partido "hará todo lo posible" para que se celebre en 2014.

El líder de ERC, una vez más, no ha querido contemplar escenarios "alternativos" ni "especular" sobre la posibilidad de que la consulta no se convoque finalmente en 2014 porque, ha esgrimido, esto significaría "debilitar" la posición actual, que es la celebración del referéndum de autodeterminación el próximo año.

"La responsabilidad de ERC es dar respuesta a esta exigencia democrática -después de la Vía Catalana- y, desde nuestro partido, ayudaremos al Govern para que cumpla sus compromisos", ha agregado Junqueras, quien ha añadido que a algunos políticos les gustaría una ruptura entre CiU y ERC. "Evidentemente, este gusto intentaremos no dárselo", ha concluido.

Por su parte, el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado que el Ejecutivo catalán seguirá su ruta soberanista y ha apostado por fijar antes de final de año la pregunta de la consulta y la fecha.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que no minimice la movilización de la cadena humana, que considera que fue un ejercicio cívico "extraordinario". De hecho, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho que "la política española no lea como tal un clamor democrático" como el expresado durante la Diada.

El también líder de CiU en el Congreso ha condenado la irrupción de un grupo de radicales de extrema derecha durante el acto de la Diada en la sede del Govern en Madrid y ha agradecido al diputado de CiU en el Congreso, Josep Sánchez-Llibre, su "coraje" al enfrentarse a ellos.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también ha lamentado el ataque. "Tienen toda mi solidaridad quienes estaban allí y tuvieron que resistir ese ataque violento, injustificable y rechazable", ha dicho.

Sin embargo, también ha criticado la Diada pues en los actos que se celebraron ocurrió "lo que estaba previsto, que una serie de nacionalistas salieron a la calle a dividir a los catalanes y a dividirles con el resto de españoles", algo que ha calificado como lamentable.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, también ha rechazado el ataque y ha informado de que está promoviendo una declaración de condena del pleno de la Cámara Baja que se hará efectiva este jueves. Se ha mostrado confiado en que todos los grupos del Congreso respaldarán esa condena "con toda radicalidad".

"Ese ataque va contra las libertades y no se debe tolerar", ha subrayado el presidente del Congreso. Dentro del hemiciclo del Congreso, distintos diputados han condenado el ataque desde la tribuna de oradores, entre ellos la socialista María Isabel López i Chamosa, Emilio Olabarria (PNV), Uxue Barkos (Geroa Bai) o Sabino Cuadra (Amaiur).