Isabel Jordán, la exadministradora de las empresas de la trama 'Gürtel' que interpuso varias denuncias a los presuntos cabecillas de la red, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Jordán ha acudido a la Audiencia Nacional para declarar como imputada sobre la vertiente de la macrocausa que trata sobre adjudicaciones supuestamente irregulares de la Comunidad de Madrid y los consistorios madrileños de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey a empresas vinculadas a la trama 'Gürtel', pero no ha querido contestar a las preguntas del juez, según fuentes jurídicas.

La exempleada del grupo de empresas que lideraba Francisco Correa, que se encuentra bajo un régimen de protección especial tras sus denuncias contra los cabecillas, se sentará próximamente en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Este tribunal ha abierto juicio contra ella y otras doce personas por la pieza separada de 'Gürtel' sobre los contratos de la Generalitat Valenciana para la feria Fitur.

Además de Jordán, hoy estaban citados en la Audiencia Nacional tres imputados más por delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación y malversación. Son Javier Nombela y Alicia Mínguez Chacón, que según el juez fueron los encargados de la facturación y de la gestión contable y financiera de las sociedades de Correa, y Mónica Magariños, que colaboró en la gestión del grupo y permitió que se contratara una caja de seguridad a su nombre para desvincularla de sus verdaderos titulares.

El jueves comparecerán Pablo Collado Serra (sustituto de Jordán la primera en la administración de las sociedades) y otras dos personas vinculadas con la confección de facturas falsas y que serían los encargados de elaborar las declaraciones tributarias de la trama: Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado.

Los imputados formaban parte del grupo de empresas de Francisco Correa y el abogado Ramón Blanco Balín que tenían por objeto presentarse a concursos públicos como entidades independientes, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia y simulando operaciones mercantiles para reducir la cuota tributaria. Las adjudicaciones no superaban nunca los 12.020,24 euros para evitar la convocatoria de concurso.

Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública a los que entregaban dádivas en forma de regalos, viajes, artículos de joyería o efectivo.

En otras ocasiones, según detallaba un auto del juez Ruz, los implicados habrían obtenido los pliegos de condiciones administrativas y técnicas "antes de su publicación oficial llegando incluso a participar en la redacción de los mismos".

Para alcanzar sus fines, la trama habría hecho uso de otras sociedades ajenas al grupo como Elba Grupo Comunicación S.L., Marketing Quality Management SI (MQM), y el "grupo Rafael" (Fotomecánica Rafael S.A., Techimagen Rafael S.L., Fotomecánica Doble M S.L. y Kilda producciones Fotográficas S.L.).

Al menos parte del dinero entregado a cargos públicos, según el juez, se habrían generado con la elaboración de facturas falsas simulando servicios facturados a otras sociedades o profesionales (Klober Aster S.L., Loribel S.L., Clásica Capital S.L., Elvinde Europea S.L.). El dinero revertiría en la caja B del entramado.