El juicio contra el ex titular del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, Antonio Vicente Fernández, acusado de dejar en libertad a un narcotraficante para obtener dinero e imputado junto a otras cuatro personas, se ha suspendido por el inminente parto de la mujer de uno de los acusados.

Aunque la sala había desestimado la petición de aplazamiento del letrado de otro de los acusados, que alegaba no poder asistir al juicio, otra de las partes alegó el inminente parto de la mujer de su defendido, y el tribunal andaluz retrasó la vista hasta ael 1 de marzo.

La embarazada, de nacionalidad extranjera, no tiene familia en España que pudiera acompañarla ante el próximo nacimiento.

Los acusados

El TSJA dictó, después de más de un año de instrucción, un auto en el que se acusa al juez y a otras cuatro personas de prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y cohecho impropio.

El resto de encausados son el abogado del presunto narcotraficante, Francisco del P.A., relacionado con las gestiones que realizó el juez para devolver un dinero a su cliente, M.M.G., la mujer de éste, A.R.M., y A.M.M.

El magistrado deberá hacer frente a una petición fiscal de cuatro años de cárcel y 54 de inhabilitación por varios delitos de prevaricación por resolución judicial injusta y cohecho.

Por su parte, el abogado se enfrentará a una petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 48.000 euros de multa, según el escrito acusatorio.

Soborno de un narcotraficante

El Ministerio Público señala que el juez, aficionado al alcohol, la cocaína, los juegos de azar y los locales de alterne, atravesaba en el momento de los hechos por problemas económicos y tenía deudas por valor de más de 41.800 euros.

Entonces decidió valerse de su condición de juez para dictar resoluciones injustas o intentar influir en sus compañeros para que las dictaran a cambio de diversas sumas de dinero.

Además, en febrero de 2005, el juez fue detenido después de amenazar con una pistola al encargado de un bar de Málaga y en junio de ese año fue condenado por dicho acto a pagar una multa de noventa euros por una falta de amenazas.