El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por un delito de prevaricación por el Tribunal Supremo, ha presentado su dimisión en el transcurso del pleno ordinario de este consistorio.

Vilanova explicó en un escrito leído durante la sesión plenaria que su dimisión se ajusta al punto 9,4 y 40,4 del Reglamento de Entidades Locales, al tiempo que ha agradecido la colaboración de todas las personas que han estado a su alrededor en el Ayuntamiento. En el documento también se informa de la renuncia presentada por Julio García Robles, el segundo en la lista del PP por la alcaldía del municipio, que será relevado por María Dolores Girona.

El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), anunció esta mañana que presentaría su dimisión "ante la presión ejercida" sobre él "y sobre el Partido Popular" a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por un delito de prevaricación .

Aseguró que con su decisión no quiere dar "la falsa imagen del político aferrado a su cargo contra viento y marea".

El regidor popular explicó que desde que conoció el fallo "por la prensa", puso su cargo a disposición del partido y actuó "con responsabilidad, sin precipitaciones y con el asesoramiento legal necesario" para afrontar la condena de un año y medio de prisión y ocho de inhabilitación al consentir, "de forma deliberada" según el TS del pasado mes de noviembre, la emisión ilegal de ruidos de una empresa.

Vecinos en guerra por ruidos ilegales

El Supremo condenó a Vilanova, según una sentencia hecha pública el pasado 24 de noviembre, por haber consentido, "de forma deliberada", la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales durante varios años.

La empresa, ubicada a unos 600 metros de viviendas, puso en marcha una central de cogeneración durante el verano de 1991 sin licencia municipal, y "a partir de esa fecha se inició una serie interminable de denuncias relacionadas con los ruidos emitidos" por la misma.

El fallo constata que las mediciones sonoras realizadas por el Ayuntamiento desde 1995, algunas de ellas por medio de una consultora privada, fueron realizadas "con reiteración, obstinación y premeditación" sin los aparatos adecuados.

Esta situación "afectó gravemente a la convivencia de algunos vecinos y despertó las protestas de los más afectados, de asociaciones y de grupos alarmados ante el perturbador ruido emanado por la fábrica", llegando a convertirse en "un problema de pública y notoria trascendencia", según el TS.