El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha comparecido este martes de forma extraordinaria ante el Parlamento autonómico para negar que la Administración local abonase 4,8 millones de euros de más a la empresa Urbaser entre 2001 y 2013 por la gestión del servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras por "negligencia" o por "corrupción".

El líder del Ejecutivo local ha asegurado que esa cantidad que se reclama a la anterior adjudicataria por la sobreamortización de la maquinaria es el fruto de la inclusión de ese concepto en los precios unitarios y ha lamentado que "aquí de lo que se trata es de encontrar cualquier cosa para quitarme del medio".

"La Ciudad ha pagado lo que, de acuerdo con el contrato, tenía que pagar, ni un euro de más, y esa afirmación es compatible con el hecho de que ahora, en la liquidación de la concesión, que finalizó en octubre, los técnicos hayan constatado una sobreamortización de la maquinaria", ha incidido el presidente, quien ha insistido en el hecho de que durante la ejecución del servicio no era posible detectar esa desviación.

Según Vivas, "el de la amortización de la maquinaria no debió ser considerado un coste variable y no tuvo que ser incluido en los precios unitarios de los servicios" pero en cualquier caso "esas deficiencias se diluyen en términos globales porque se ha pagado, en conjunto, lo que en 2001 una auditoría externa y el Consejo de Estado dictaminó que era justo para garantizar la estabilidad de la concesión y no incurrir en enriquecimientos injustos para ninguna de las partes".

El portavoz accidental del primer grupo de la oposición en la Asamblea, Juan Luis Aróstegui, de la coalición Caballas, ha exigido la depuración de "responsabilidades políticas" por la existencia de "un enriquecimiento injusto para Urbaser sistemático y permitido". "Tenemos la convicción moral de que a través de este contrato se ha robado, de que hay personas que ya no se sientan en este Pleno que se han llenado los bolsillos, de que la renovación del contrato en 2001 fue un 'pelotazo' del GIL, pero usted debe responder de por qué no se detectó el descuadre hasta ahora", ha advertido el localista a Vivas.

El portavoz del PSOE, José Antonio Carracao, también ha reprochado al presidente haber expuesto un discurso "lacrimógeno" en el que "se limita a decir que ha habido un error, a pedir disculpas y a pasar página". "No es posible aceptar que no podíamos hacer otra cosa más que pagar y que ahora reclamamos casi cinco millones cuando a nosotros la empresa nos pide diez, con lo que seguimos perdiendo", ha protestado.

Vivas ha exigido "respeto" a la oposición y ha recordado que aún existen "discrepancias" entre los técnicos sobre la interpretación del contrato y sus pliegos. "El Gobierno siempre ha llevado la iniciativa en este asunto y siempre hemos apostado por el criterio más favorable para el interés general de la Ciudad, que defenderemos hasta las últimas consecuencias, pero me da la impresión de que aquí se trata de enganchar a Vivas por algún lado para quitarme del medio", ha criticado.

El Pleno de la Asamblea ha creado una Comisión de Investigación parlamentaria sobre la gestión del contrato desde 2001 hasta febrero pasado, cuando venció, ante la que declararán a partir del jueves de la próxima semana el propio Vivas y todos los consejeros y viceconsejeros por cuyas manos pasó el mismo, así como el técnico contable que era director general de Presupuestos en el momento de su renovación, cuando gobernaba el GIL, Federico Cuenca, que llegó a cifrar en más de 14 millones los supuestos pagos de más efectuados por la Administración a Urbaser.

La Policía Nacional mantiene una investigación paralela sobre el mismo asunto después de que los socialistas presentasen una denuncia ante la Fiscalía en primavera.