El Gobierno central tiene previsto contratar "antes de final de este año" a una empresa a la que le encargará las negociaciones de las expropiaciones llevadas a cabo en la provincia de Jaén con motivo de la construcción de la A-32 y así "agilizar" estos trámites, ya que aún quedan "2.450" propietarios afectados con los que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones que deberán percibir tras haber perdido sus tierras.

Así lo ha comunicado este martes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, tras mantener una reunión con el gerente de la organización agraria Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, a quien le ha trasladado ese "compromiso" y con el que ha abordado la situación en la que se encuentran esas negociaciones.

En declaraciones a los periodistas tras dicho encuentro, Lillo ha aseverado que esta cuestión "preocupa mucho" al actual Gobierno, que, en su opinión, ha llevado a cabo "un esfuerzo muy importante" al respecto, ya que "en un año y medio ha negociado y pagado el doble de expedientes que el anterior Ejecutivo central".

Concretamente, ha abonado "cerca de diez millones de euros", cantidad que hay que sumar a los "algo más de dos millones" pagados por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que las negociaciones del actual Gabinete se han llevado a cabo con "personal propio", puesto que la empresa a la que el anterior Ejecutivo encargó esa tarea había finalizado ya su contrato.

De esta manera, sólo se ha resuelto "un diez por ciento" de las alrededor de "2.800 o 2.900" expropiaciones, "una cantidad muy pequeña", según ha reconocido el propio Lillo, que ha remarcado que los trámites para contratar a una nueva empresa que se encargue de las negociaciones "se están ultimando".

Mientras eso suceda, el Ejecutivo "seguirá a disposición de los afectados en sus oficinas de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, y procurará mantener al máximo de personas posible" para llevar a cabo dichas negociaciones.

Aunque "queda mucho dinero por pagar", Lillo ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los afectados, a quienes ha aseverado que "no hay que preocuparse porque el Gobierno pagará y con los intereses correspondientes, como se viene haciendo con las expropiaciones de las grandes obras públicas que se hacen en el país".

Asaja no renuncia a movilizarse

Por su parte, el gerente de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha calificado de "diálogo franco" el encuentro con el subdelegado, que, no obstante, no ha satisfecho de forma "plena" a su organización, cuyas exigencias "no se han cubierto al cien por cien".

Así, Valero ha confirmado que "se ha abierto la puerta a seguir negociando con los medios que actualmente se tienen" por parte de la Administración central, de la que se llevan "el compromiso de que antes de final de año estará contratada la nueva empresa", algo que, de no ocurrir, "obligará" a Asaja a "ocupar las calles o las carreteras" para "exigir que se le dé a ese contrato la prioridad y celeridad que debe tener".

En ese sentido, el representante de la organización agraria ha expresado su convencimiento de que las negociaciones de las expropiaciones "se multiplicarán exponencialmente" con la contratación de una empresa para ello, ya que actualmente "no hay suficientes técnicos" en la Administración para realizar esos trámites.

Además, ha reconocido el "esfuerzo" del Gobierno actual, ya que durante su mandato "se ha multiplicado más del doble lo que se había pagado y negociado" respecto a la etapa del Ejecutivo anterior, y los datos trasladados por Lillo "avalan las ganas y la voluntad" de la Administración central en este asunto, si bien su tarea "es claramente insuficiente".

Al hilo de ello, Valero, que ha cifrado "entre 80 y 100 millones" la cantidad de dinero pendiente de negociar, ha querido remarcar que como consecuencia de las expropiaciones los agricultores afectados se quedaron "sin cosechas" y, por tanto, "sin posibilidad de obtener sus recursos de subsistencia y sin dinero para comprar otra finca alternativa".