La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que ha encabezado las protestas por el impago del mes de agosto —aspecto recogido en el convenio entre la Junta y estas estructuras— y el recorte en un 30 por ciento de la financiación del comedor, y que ha consensuado rechazar el acuerdo compensatorio propuesto por la administración regional —que sí han firmado las otras patronales de las guarderías andaluzas—, barajan estos días la interposición de un recurso contencioso-administrativo por esta razón.

El presidente del colectivo, Emilio Fuentes, ha indicado a este respecto a Europa Press que en poco más de una semana debe definirse una decisión de la coordinadora después de que la Junta haya respondido con "silencio administrativo" a la reclamación interpuesta en este sentido ante la Consejería de Educación.

Además, el colectivo ha apuntado recientemente a la situación de "extraordinaria precariedad" en que se encuentran estos centros, subrayando que es "urgente" reconsiderar el precio de la plaza porque "eternamente, con la justificación de la situación económica, entendemos que no podemos tener congelada el precio en 278,88 euros", y agregando que las municipales "no han cobrado aún el mes de mayo y una paga compensatoria de 1.000 euros por unidad del acuerdo de febrero de 2013, que venía a sustituir el acuerdo de 20 de junio de 2011".

La coordinadora reclama las cantidades que van desde el mes de septiembre, cuando se consumó el impago, hasta el de febrero, fecha en la que entró en vigor el nuevo acuerdo, dejando sin vigencia el antiguo. Fuentes cifró en una cantidad aproximada a los diez millones de euros el montante correspondiente al no abono de la mensualidad de agosto.

Según los cálculos realizados por esta patronal, el convenio alternativo propuesto por la Junta es "insuficiente" al no ir la cantidad compensatoria propuesta —un pago anual de 1.000 euros por unidad (aula) en concepto de mantenimiento, que empezaría a pagarse para el curso 2012-2013, mientras que el convenio firmado se seguiría cumpliendo en lo no concerniente a estas cuestiones de índole económica— más allá del 30 por ciento de lo documentalmente comprometido.

Las otras organizaciones representativas del segmento de Educación Infantil del Primer Ciclo de Andalucía sí suscribieron, en un ejercicio que consideran de "responsabilidad" y "coherencia", el acuerdo negociado en el seno de la Mesa de Infantil con la Consejería, según indicó a Europa Press el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, Rafael Caamaño, que subrayó que este texto, básicamente, prorroga el régimen actual de convenios y recoge "algunas sugerencias importantes que han sido aportadas por nuestros centros asociados, a los que servimos y representamos en virtud de nuestros propios estatutos".

El consenso "no es el acuerdo que venimos reclamando y reivindicando desde hace ya muchos años, pero en opinión de los asociados, y teniendo en cuenta el peligro por la falta de financiación, con la grave crisis económica que machaca a todos los sectores, se debe dar prioridad en este momento al mantenimiento del sistema y a la seguridad jurídica de numerosas empresas en Andalucía".

Por parte de la Consejería, su titular, Mar Moreno, ya reivindicó que "no hay una comunidad autónoma que realice un esfuerzo como el de Andalucía" para con las escuelas infantiles, y que para mantenerlo es necesario "un ejercicio de realismo por parte de todos", habida cuenta de la delicada situación financiera de la Junta, que parte de la premisa de que únicamente debe pagar por servicios efectivamente prestados.