El expediente de liquidación aprobado inicialmente por el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla, queda sometido desde este jueves y durante un mes al preceptivo periodo de información pública merced al anuncio publicado esta jornada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Este expediente de liquidación contempla un pasivo global de 52.204.879 euros y reparte las deudas entre los once municipios de la mancomunidad según la participación de cada uno de los ayuntamientos en el organismo que ahora se extingue, toda vez que la citada cifra incluye las deudas de los consistorios con la propia Mancomunidad.

El mencionado expediente de liquidación, como se recordará, fue aprobado por el pleno de la institución el pasado 25 de junio al cosechar el voto favorable de 36 de los miembros del plenario, toda vez que los representantes municipales pertenecientes al PP votaron en contra del expediente.

El expediente de liquidación

Las cifras contenidas en este expediente de liquidación, según la documentación recogida por Europa Press, reflejan que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir cuenta con un pasivo de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 por la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales y la previsión del coste que supondrá realizar el sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija".

En concreto, este pasivo suma 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad, siendo esta última cifra repartida entre los once municipios de la Mancomunidad. Así, y por ejemplo, Los Palacios y Villafranca recibe las obligaciones de 4.374.635,17 euros de este pasivo, Utrera un pasivo de 5.837.849,23 euros y El Coronil un pasivo de 754.241,63 euros.

Enajenaciones también

El expediente, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".

Fue precisamente en junio de 2012, cabe recordarlo, cuando el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir acordó iniciar el trámite correspondiente a su disolución y posterior liquidación. El documento relativo al "acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación", aprobado por el pleno de la Mancomunidad y recogido por Europa Press, desgranaba en ese sentido la "grave crisis" de este organismo y resolvía su desaparición porque "no es posible que ahora ni en un futuro próximo cumpla ninguno de los fines para los que fue creada" la institución.

Una vez finalice el periodo de información pública de este expediente de liquidación, la Mancomunidad debe celebrar un nuevo pleno para resolver las "alegaciones o sugerencias" recibidas durante este mes de exposición pública, tras lo cual devendría finalmente la aprobación definitiva del documento.