El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha insistido en recordar al alcalde que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Bobar es de gestión municipal y que por tanto corresponde al Consistorio tomar las iniciativas precisas para garantizar el suministro de agua de riego a los agricultores del municipio.

Así, el grupo, en una not,a ha pedido al alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, que impida que la empresa Aqualia proceda al corte del suministro el próximo lunes, "si tanto le preocupa el interés general de los agricultores, hasta que se resuelvan las diferencias administrativas entre los regantes, la Consejería y el propio Ayuntamiento".

Ante la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de que los agricultores no utilicen para riego los aprovechamientos de las aguas residuales de la EDAR, se hace necesaria una alternativa de suministro para las 1.800 hectáreas invernadas del municipio, en las que trabajan unas 1.200 personas directamente y que crean unos 7.500 empleos directos.

El portavoz socialista, Joaquín Jiménez, ha añadido que "la única administración que tiene obras en ejecución para solucionar los problemas de abastecimiento y saneamiento de la ciudad y el Bajo Andarax es la Junta de Andalucía", pues el Consistorio "aún no ha licitado las obras de conexión de los depósitos de La Pipa y San Cristóbal, paso previo a la puesta en marcha definitiva de la planta desaladora de la ciudad después de quince años".

El represente del PSOE reitera que "es deber del alcalde ocuparse y preocuparse del presente y futuro de la Vega de la ciudad, cosa que nunca ha hecho el PP al cabo de diez años al frente del Consistorio".

"El Ayuntamiento va a clausurar el suministro de agua de riego que tenían los usuarios hasta ahora pero no se ha pronunciado sobre una alternativa para garantizar el abastecimiento", ha agregado, apostillando que la ampliación de la EDAR del Bobar y la puesta en marcha de la desaladora de la capital garantizarán el aporte de agua potable tanto para la ciudad como para el Bajo Andarax. Jiménez cree que "habrá que plantear un uso distinto para las aguas residuales para amortizar el coste del tratamiento".