El Gobierno de Extremadura ha confirmado este viernes que el pago correspondiente a las autoliquidaciones del impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente -conocido como impuesto ecológico o 'ecotasa'- "se ha hecho efectivo dentro del plazo establecido, y sin ninguna anomalía en el proceso".

El Ejecutivo regional ha informado en una nota de prensa de que las empresas eléctricas tenían hasta el 31 de julio de 2013 para presentar y liquidar voluntariamente el tributo.

Así, ha destacado que estas autoliquidaciones "no sólo se han materializado correctamente", como esperaba el Gobierno extremeño, sino que han "superado el importe previsto", ya que la Administración "ha ingresado 98,2 millones de euros por el impuesto ecológico", mientras que las cuentas regionales preveían un importe de 93,2 millones de euros".

Así ha respondido el PP al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Extremadura, Valentín García, que ha pedido este viernes al presidente extremeño, José Antonio Monago, que aclare si las eléctricas han 'autoliquidado' los 93,3 millones de euros correspondientes al impuesto de la denominada 'ecotasa', ante lo cuál ha criticado que el Ejecutivo regional "calla".

Cobrado en "tiempo y forma"

El consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, ha mostrado en el comunicado su "sorpresa" por las declaraciones realizadas por el portavoz del Grupo Socialista en cuanto al cobro de la 'ecotasa'.

Según Fernández, "no consta que el Grupo Socialista haya realizado pregunta alguna sobre este particular hasta hoy, no hay nada que esconder y la prueba es que los datos confirmados están sobre la mesa".

Así, el titular de Economía del Gobierno regional ha reiterado que el impuesto ecológico "ha sido cobrado en tiempo y forma, al igual que ocurre con el resto de los impuestos, porque es un tributo completamente legítimo".

Además, ha señalado que "no entiende" la reacción del portavoz socialista, la cuál ha tachado de "ocurrencia oportunista y poco responsable, ya que pone en duda la recepción de unos ingresos que están garantizados por ley".