El Gobierno de Gibraltar ha recogido más de 20 quejas de personas afectadas por "las colas fronterizas" durante la primera mañana de funcionamiento del nuevo procedimiento habilitado este jueves por las autoridades de la roca con el objetivo de trasladar los datos a la Comisión Europea.

Así lo asegura el Ejecutivo que preside Fabian Picardo en un comunicado, en el que detalla que esta primera veintena de quejas registradas este jueves se incluyen "algunos de los visitantes españoles a Gibraltar".

Las autoridades gibraltareñas también informan en la nota de que a partir de ahora no será necesario "descargar un formulario y llenarlo a mano" para formular la queja, sino que se podrá hacer por un procedimiento on line a través de Internet (www.gibraltar.gov.gi/onlineforms).

Según avanzaron las autoridades del Peñón el pasado martes en un comunicado, este nuevo procedimiento de queja se habilita para "todas las personas que hayan sufrido las colas en la frontera o que deseen quejarse de las mismas". Su objetivo es recabar información que "permitirá al Gobierno ofrecer estadísticas más precisas a la Comisión Europea y, de ser necesario, preparar un proceso legal".

Que manden un correo

Así, piden a las "personas de cualquier nacionalidad que se hayan visto perjudicadas por los retrasos" que "envíen detalles de su experiencia" a través de un correo electrónico al Gobierno de Gibraltar, en el que deberán facilitar su nombre, dirección, nacionalidad y número de documento de identidad o pasaporte.

Además, también se habilitará un "mostrador de ayuda para quejas fronterizas" en el Aeropuerto Internacional de Gibraltar con el que se podrá contactar en persona o por teléfono de lunes a viernes. A este mostrador se podrán enviar las reclamaciones en formularios disponibles en la página web del Gobierno.

La colonia británica ha protestado ante la Unión Europea por las colas generadas por los controles que policías y guardias civiles hacen a las personas, vehículos y mercancías que atraviesan la Verja. El Gobierno español insiste en que estos registros son una "obligación" para garantizar el cumplimiento de la ley comunitaria y nacional y evitar los tráficos ilícitos.