El portavoz del Partido Popular de Baleares, Miquel Ramis, ha considerado un "error" pensar en la Medalla de Oro de Baleares "sólo en clave política" y ha tildado de positivo el borrador del nuevo decreto que regulará su concesión, puesto que el actual es de 1984 y "la situación social de ahora no es la que era cuando se aprobó el actual".

En un comunicado, Ramis ha insistido en que, como ya ha sucedido en otras ocasiones, el Govern "es consciente de que hay Decretos que han podido quedar obsoletos y requieren adaptarse a los tiempos actuales". En esta línea, el 'popular' ha incidido en que "es un error pensar en esta distinción sólo en clave política ya que esta medalla honra a alguien con cierta relevancia, no sólo en el ámbito político, sino cultural y social".

En cuanto a que el presidente del Govern podrá otorgar la medalla sin consultar, el portavoz ha destacado que "se trata de una medida excepcional que sólo se llevará a cabo en ocasiones excepcionales". Además, ha emplazado a la oposición "a no tratar de confundir a los ciudadanos haciéndoles creer que ésta será la norma habitual porque estarían mintiendo deliberadamente".

Por otro lado, el dirigente del PP ha felicitado al Govern de José Ramón Bauzá por el trabajo "bien hecho" llevado a cabo en las negociaciones para conseguir que el Gobierno central pagase el convenio de carreteras que fue "resuelto unilateralmente por el Gobierno de Zapatero" y por defender los intereses de los ciudadanos de Baleares frente a "una injusticia decidida por los socialistas en Madrid y apoyada por el PSIB en Baleares".

Ramis ha recordado que el Gobierno central firmó un convenio de carreteras con el Govern autonómico en 2004 cuya inversión estatal alcanzaba los 333 millones de euros. "El problema surgió con la llegada al poder de Zapatero, quien no respetaba los intereses legítimos de nuestra comunidad y retrasaba el envío de las partidas".

"A esto debemos añadir que los socialistas en Baleares daban excusas de todo tipo con tal de no reclamar el dinero que, por ley, era de todos los ciudadanos de las islas", ha manifestado al respecto, recordando que "fue la exministra socialista Magdalena Álvarez quien decidió anular el convenio sin encontrar oposición en Baleares", por lo que "nos vimos obligados a ir a los tribunales".

De hecho, ha apuntado que una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de marzo de 2011 "nos daba la razón y obligaba al Gobierno central a pagar los 333 millones de euros del convenio". "La sorpresa llegó cuando el Govern del Pacte recibió la sentencia y decidió meterla en un cajón, quizá por la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y porque pretendían esconder su derrota sin importarles nada los intereses de los ciudadanos para los que supuestamente estaban gobernando", ha remachado Ramis.