Unos 25 vecinos de Sevilla Este se han concentrado en la mañana de este lunes ante las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), para reclamar una bajada en sus alquileres de la comunidad M.A.-3.1 de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), que se adapte a la actual situación económica.

Así, el presidente de la comunidad de la M.A.-3.1 de Sevilla Este, Francisco José Parra, ha asegurado a Europa Press que "a unas 15 familias ya les han requerido documentación acreditativa desde el Consistorio para considerar esta reducción del precio de la renta", algo que no ha entendido Parra, puesto que a la iniciativa de petición de la revisión de los alquileres se han unido unas 40 familias, "no sólo 15".

Según ha informado el presidente vecinal, la convocatoria ha comenzado a las 10,30 horas en la Plaza Nueva, con la presencia de representantes de IU y PSOE, donde han desplegado una pancarta y han explicado a los medios de comunicación la situación que atraviesan.

Parra ha lamentado "no haber recibido respuesta" aún a la carta registrada el día 26 de julio en Emvisesa, en la que solicitaba al vicepresidente de esta entidad municipal, el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, una entrevista en la que poder conocer de primera mano su posición sobre la viabilidad económica y social de esta promoción de viviendas, así como las posibles vías de solución.

Asimismo, también se dirigió al presidente de Emvisesa, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, mediante carta escrita el día 7 de agosto, exhortándole a "que ejerza su autoridad y tome la iniciativa a fin de evitar que el sufrimiento que padecen hoy las familias se prolongue en el tiempo, al ver con gran inquietud cómo mes a mes se les acumula la deuda como consecuencia de un alquiler cuya cuantía no está acorde a las posibilidades que les permite sus precarias situaciones laborales y sociales". Del mismo modo, Parra le invita "a que se sitúe en el terreno de las soluciones en el caso que nos ocupa y abra con nosotros un proceso de diálogo sincero, con sensibilidad y compromiso".

Para el presidente, la razón de que sólo se hayan acogido unas 40 familias a esta iniciativa es que "prevalece el miedo", recordando que existen familias ya acogidas al plan de pago de atrasos propuesto por las autoridades municipales y algunas otras con contrato rescindido, "lo que las sitúa en un limbo jurídico pues ni se las desaloja en aplicación de una orden de alzamiento ni se les redacta un nuevo contrato con nuevas cláusulas y condiciones".

Finalmente, el colectivo ha anunciado que esta semana se va a crear una comisión de trabajo, que se acordó en una asamblea celebrada el pasado lunes, "para contactar con otras comunidades en situación similar", ya que, según ha aseverado éste, "el precio de las rentas de Emvisesa está ya al nivel del resto de viviendas que no son de protección pública".