El colectivo de inquilinos de la comunidad M.A.-3.1 de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), ha anunciado este viernes que este lunes ha convocado una concentración en la Plaza Nueva para reivindicar una reducción de los alquileres que se adapte a la actual situación económica.

Según la información remitida a Europa Press por este colectivo vecinal, la convocatoria comenzará a las 10,30 horas en la Plaza Nueva, donde desplegarán una pancarta y explicarán a los medios de comunicación la situación que atraviesan.

El presidente de la comunidad de la M.A.-3.1 de Sevilla Este, Francisco José Parra, lamenta "no haber recibido respuesta" aún a la carta registrada el día 26 de julio en Emvisesa, en la que solicitaba al vicepresidente de esta entidad municipal, el concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, una entrevista en la que poder conocer de primera mano su posición sobre la viabilidad económica y social de esta promoción de viviendas, así como las posibles vías de solución.

Parra también se dirigió al presidente de Emvisesa, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, mediante carta escrita el día 7 de agosto, exhortándole a "que ejerza su autoridad y tome la iniciativa a fin de evitar que el sufrimiento que padecen hoy las familias se prolongue en el tiempo, al ver con gran inquietud cómo mes a mes se les acumula la deuda como consecuencia de un alquiler cuya cuantía no está acorde a las posibilidades que les permite sus precarias situaciones laborales y sociales". Asimismo, Parra le invita "a que se sitúe en el terreno de las soluciones en el caso que nos ocupa y abra con nosotros un proceso de diálogo sincero, con sensibilidad y compromiso".

Según el presidente de la comunidad, la razón de que sólo se hayan acogido unos 40 vecinos a esta iniciativa es que "prevalece el miedo", recordando que existen familias ya acogidas al plan de pago de atrasos propuesto por las autoridades municipales y algunas otras con contrato rescindido, "lo que las sitúa en un limbo jurídico pues ni se las desaloja en aplicación de una orden de alzamiento ni se les redacta un nuevo contrato con nuevas cláusulas y condiciones".

Finalmente, el colectivo ha informado que se acordó en una asamblea celebrada el pasado lunes "la creación de un grupo de trabajo encargado de contactar con otras comunidades en situación similar y que diseñará su hoja de ruta la semana próxima".