La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha puesto en marcha una campaña para reclamar y denunciar, a través del Principado, el incumplimiento de los bancos y cajas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 9 de mayo, que declaraba la nulidad de la cláusula suelo por falta de información y transparencia, pero que sin embargo, estas entidades siguen cobrando a más de 30.000 familias asturianas.

Esta iniciativa ha acumulado en un mes más de 500 denuncias de los consumidores a todas las cajas y bancas españolas, a excepción de Santander y Bankinter, que blindaron las hipotecas para evitar que las familias se beneficiasen de la bajada del euríbor (del 5,38 al 0,51 por ciento), contribuyendo a su propio beneficio y consiguiente riqueza. Así lo ha explicado el presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso, este viernes en rueda de prensa.

La UCE asturiana ha creado esta campaña para advertir a las familias del "engaño" que los bancos y cajas están llevando a cabo ahora al llamar a sus clientes ofreciéndoles quitar la cláusula suelo, por la que las familias pagan entre 120 y 200 euros más al mes, a cambio de una modificación en el contrato que puede llevar a un incremento del precio de esta hipoteca, inventado por estas entidades para su propio beneficio económico.

El alcance de la cláusula suelo en Asturias tras una aplicación de porcentaje de suelo medio de 3,25 por ciento ha supuesto el encarecimiento de la cuota mensual de 1.440 a 2.500 euros más al año, lo que supone un incremento del 250 por ciento.

De esta forma, el gobierno del Principado de Asturias se convierte en pionero en la denuncia de esta situación, de la que debería ser responsable, según Alonso, el gobierno español, a través del Ministerio de Economía, pero que no se responsabiliza en beneficio del Banco de España, una entidad de la que el 87 por ciento de las resoluciones no son finalmente adoptadas por los bancos y cajas españoles.

Vía gratuita

Así, la UCE plantea ayudar a los ciudadanos ofreciendo como vía de denuncia la reclamación sin costes a través del gobierno del Principado de Asturias para que ejerza presión sancionadora sobre los bancos y cajas por el incumplimiento de estos. Esta unión pretende, de esta manera, ahorrar a los consumidores los gastos de inicio de un proceso judicial que, ahora con la ley de tasas judiciales, no pueden pagar.

Los bancos, a juicio de Alonso, "no van a quitar esta cláusula hasta que no les cueste dinero o reputación" por lo que con esta idea se persigue que para que estas entidades retiren la cláusula suelo y devuelvan el dinero que les han cobrado indebidamente a las familias, que la sanción sea de 15.000 a 600.000 euros.

Los casos más preocupantes, de acuerdo con la UCE, son los de Sabadell-Herrero y el Banco Popular unido al Pastor, que está realizando una defensa "numantina" del cobro de cláusula suelo ya que de no hacerlo perdería 108 millones al año. Por su parte, el Sabadell dejaría de ganar 100 millones al año y el BBVA, 420 millones de euros anuales.

A nivel nacional, de 2008 a 2013 en torno a 500.000 familias han sido desahuciadas por la cláusula suelo. Además, según los datos de 2010 del Banco de España, en 2010 existían dos millones de hipotecas.

La UCE ha considerado también que si los bancos acceden a devolver este dinero, esta sería una manera de recuperar la confianza en la administración que "quebró", según palabras del presidente de la Unión, al comienzo de la crisis.