La secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, ha valorado el pago de 20 millones de euros a los ayuntamientos por parte de la Junta en concepto de ayudas a la contratación del decreto contra la exclusión social, que supone un "contrapunto" a la reforma de la administración local emprendida por el Gobierno central, sobre la que Pérez ha recordado que siguen recabando apoyos para presentar un recurso contra esa norma estatal.

Pérez ha resaltado que los pagos de la Junta a los consistorios "van a suponer la contratación de 47.000 personas en la comunidad autónoma", y muestra "el apoyo y la apuesta del Gobierno andaluz por la administración más cercana a los ciudadanos, que son los ayuntamientos".

Apunta que ese apoyo de la Junta "contrasta" con la reforma de la administración local que tiene sobre la mesa el Gobierno central y a la que los socialistas andaluces "nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas, utilizando todas las armas democráticas que están a nuestro alcance".

En ese sentido, ha recordado que el PSOE está "recabando apoyos para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa reforma que atenta contra el principio de autonomía local recogido en la Constitución".

Pérez asegura que esa reforma del Gobierno central "no supone en ningún caso un ahorro para las administraciones, sino que solo deja la puerta de entrada abierta a la privatización de servicios públicos y al despido de 40.000 empleados públicos de las corporaciones locales en el caso de Andalucía".

"Los socialistas andaluces nos vamos a oponer, pues supone un detrimento de los servicios públicos y tiene efectos perversos para el ciudadano, que ve mermados los servicios públicos a los que hasta ahora tenía acceso", ha agregado Pérez.

La dirigente socialista ha indicado que el PSOE "está de acuerdo en que había que abrir un debate para evitar duplicidades de las administraciones pero eso no debe suponer que a los ayuntamientos se les eliminen competencias en políticas sociales, de igualdad o juventud; esa supresión primero afecta a los ciudadanos, que van a dejar de disponer de esos servicios que eran públicos, y perjudica a muchos trabajadores, que serán despedidos irremediablemente si la reforma de la administración local sigue adelante".

"Hay que respetar la autonomía local y estamos dispuestos a hablar sobre esa posibilidad de que sea una administración más eficiente; podemos debatir sobre el reparto de competencias para que no existan duplicidades, pero sin hurtar las competencias de la administración local", ha aseverado Pérez.