Piden siete años de cárcel para cuatro personas acusadas de un delito continuado de estafa

El juicio tendrá lugar el 30 de septiembre, a partir de las 10,00 horas
Juzgados Logroño
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EUROPA PRESS
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El Fiscal solicita una pena total de siete años de prisión para cuatro personas acusadas de un delito continuado de estafa -con especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación- al trabajar como 'agente de reservas' y realizar transferencias de cuentas bancarias y quedarse ellos con una cierta cantidad.

Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a finales del año 2007. En ese momento, varias personas, de las que no se sabe la identidad, obtuvieron de forma clandestina los datos personales y claves informáticas de dos personas, clientes del Banco Guipuzcoano, en concreto de su sucursal en Calahorra, y posteriormente contactaron con los cuatro acusados por correo electrónico con el fin de captarlos aparentando establecer una relación laboral como 'agente de reservas'.

El fin de este trabajo era, siguiendo unas directrices, transferir el dinero ingresado de esos clientes en otras cuentas bancarias abiertas para la ocasión y realizar giros postales internacionales urgentes. Finalmente, cuando el ingreso en la cuenta del supuesto agente ya se había producido, los acusados se quedaban con un porcentaje antes de retirar el dinero que enviaban a Rusia y otros países del Este.

De esta manera, los cuatro acusados se llevaban el 5 por ciento de las operaciones o incluso el 10 por ciento.

Tras descubrirse el ilícito cometido e iniciarse las investigaciones policiales tres de los acusados colaboraron con las autoridades a fin de identificar a los cabecillas de la operación.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación por lo que procede imponer para tres de los acusados la pena de un año y seis meses de prisión por atenuante analógica de confesión y colaboración y para otro de los acusados la pena de 2 años y seis meses de cárcel. Además, por responsabilidad civil deberán indemnizar a las víctimas por más de 56.000 euros.

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