El Consell de Govern ha aprobado este viernes un límite de gasto no financiero de 3.162,4 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un "pequeño incremento" del 2,29 por ciento en relación al del 2013, que fue de 3.091,7 millones de euros.

Así ha informado en la rueda de prensa posterior el conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, quien ha explicado que este techo de gasto marca el inicio de la elaboración de los Presupuestos de la comunidad del 2014, cuyo proyecto de ley el Govern debe remitir al Parlament antes del próximo 30 de octubre.

Según ha detallado, el límite aprobado es el resultado de sumar los ingresos no financieros fijados en 2.714,3 millones de euros, el límite de déficit de 272,8 millones de euros y los ajustes de contabilidad nacional, que se han establecido en 175,3 millones de euros.

Marí ha considerado lógico este incremento en el techo de gasto debido "al mayor margen de déficit" que tiene la comunidad y ha indicado también que el Govern espera "un mejor comportamiento de los ingresos de la comunidad".

En relación a los impuestos a envases, vehículos de alquiler y grandes superficies, el conseller ha recordado que el Govern decidió aplazar su tramitación parlamentaria por varios motivos. "El Govern toma decisiones cuando tiene todos los elementos de juicio encima de la mesa" y no adopta "decisiones precipitadas".

Así, ha explicado que la decisión del Ejecutivo balear es retrasar la tramitación y que, pese a que ya se ha "despejado la incógnita" del déficit, es necesario ver cómo se consolida la recuperación económica.

El conseller ha señalado que este límite de gasto no financiero es el derivado de la aprobación de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece que las Comunidades Autónomas deben aprobar anualmente el techo que marcará la asignación de recursos de los presupuestos respectivos.

Así, las autonomías debían comunicar el techo de gasto al Ministerio antes del 1 de agosto, si bien el Consejo de Política Fiscal y Financiera no comunicó hasta el pasado 31 de julio las entregas a cuenta y este retraso impidió que las autonomías cumpliesen con el plazo previsto.