PSPV y EUPV han exigido a la Generalitat que retire el nuevo decreto en el que el Consell fija los precios públicos para el sistema de copago de los servicios sociales que deberán abonar las personas mayores y discapacitados en función de la renta, de su situación y de las características del servicio demandado.

El portavoz socialista de Sanidad en las Corts y responsable del área en la Ejecutiva del PSPV, Ignacio Subías, ha exigido en un comunicado tanto al PP como al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "rectifiquen" el nuevo decreto y ha lamentado que el peso de los recortes "vuelve a recaer sobre los más desfavorecidos".

En esta línea, ha asegurado que este decreto es "un nuevo mazazo para discapacitados y dependientes al aplicarles más copagos", teniendo en cuenta, ha apuntado, que en general "afecta a personas que no pueden valerse por sí mismas y que necesitan de las prestaciones públicas como solución a sus discapacidades".

Subías ha insistido en que, con esta medida, "se pone en riesgo las prestaciones sociales para los que tienen más problemas, llegando a casos en los que muchas personas por no poder pagárselas tendrán que prescindir de ellas", lo que constituye "una auténtica barbaridad que demuestra que el PP no prioriza".

Por eso, ha lamentado que "mientras se paga a Ecclestone o se realizan concursos por el procedimiento de urgencia con amigos del conseller Castellano —a los que al parecer se les paga puntualmente—, se quitan derechos a discapacitados y dependientes".

El diputado socialista ha recordado que, como ya denunció el PSPV, en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2013 "el PP se cargó la ley valenciana 11/2003 por la que los discapacitados y dependientes tenían derecho a prestación farmacéutica y ortoprotésica gratuita", de manera que desde el uno de febrero se les aplica el copago por esos conceptos.

Segundo copago

"Ahora se añade otro injusto, insolidario y brutal copago en residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio que pondrá en riesgo a las personas con más necesidades", ha indicado, al tiempo que ha advertido de que, como consecuencia, "estas personas y sus familias tendrán que priorizar y podrán tener que eliminar dichas prestaciones o tendrán que dejar las residencias y volver a un domicilio donde no tendrán los cuidados necesarios".

"El PP esta provocando una fractura social, excluyendo a los más desfavorecidos, y generando una sociedad dual, una para los que se la puedan pagar y otra para los demás", ha concluido.

Por su parte, la diputada de EUPV Esther López Barceló ha anunciado que su formación presentará una Proposición No de Ley para instar a retirar el decreto ya que considera que se trata de un "ataque injustificado a las familias con personas con discapacidad, que son las que peor sufren la crisis por culpa del PP que continuamente las está penalizando con recortes a centros y programas de atención y con retrasos en el pago".

La diputada de EUPV en las Corts ha denunciado que el copago es un 'repago' que "ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos". Para López Barceló, las familias con personas con discapacidad se ven "constantemente penalizadas" y ha calificado de "intolerable este nuevo golpe a las políticas sociales". "Es la materialización absoluta del que quiere el PP: pasar del estado social al estado de beneficencia", ha sostenido.