La exgerente del Consorcio de Desarrollo Económica de Baleares (CDEIB), Antonia Ordinas, ha ingresado esta mañana en el centro penitenciario de Palma para cumplir condena de tres años y ocho meses de prisión por su implicación en el caso Scala, una trama que se dedicada a desviar fondos públicos durante la legislatura 2003-2007 a través de este organismo.

Ordinas ha llegado a la cárcel de Palma a las 11:15 horas, y lo ha hecho de forma voluntaria, después de que se decidiera a colaborar con la Justicia en la investigación en el marco de este caso.

La exgerente del CDIIB ha ingresado en prisión para cumplir la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma que el pasado 29 de julio, en la que también se le notificó la condena de 16 años de prisión al conseller de Comercio, Industria y Energía durante el último Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por liderar una trama.

Mediante una sentencia de 637 páginas, el tribunal ha condenado asimismo a cinco años y cinco meses de prisión al exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene, cuatro años y dos meses a la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas, y a tres años y nueve meses al empresario, exconcejal de Lloseta y sobrino político de Matas, Felipe Ferré, quienes han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos días en el centro penitenciario de Palma.

Según la resolución judicial, los exaltos cargos urdieron el expolio del CDEIB mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

Junto a todos ellos, también ha sido sentenciado a un año y once meses el empresario Arnaldus Van Der Hurk; un año y medio a la cantante de ópera Isabel Rosselló -esposa de Ordinas-; cuatro meses de prisión a Daniella Beaumont; un año y un mes al publicista Joan Rosselló; un año y medio a Francisco García, a Sergio Pereletegui y a Jaime Gil; un año y tres meses a Pedro Veny; tres meses a Manuel Carmelo Sáez; seis meses al abogado Juan Enrique Riera y Francisco Miguel Mauri, y cinco a Antonio Munar.

Los acusados deberán asimismo indemnizar a la Comunidad Autónoma con el pago de más de 1,7 millones de euros al declarar nulos todos los contratos que fueron rubricados de forma irregular entre el CDEIB y distintas empresas, entre las que se encontraban las que Cardona, Viaene y Ordinas controlaban mediante testaferros.

Horrach acusó al pp balear de atacar sistemáticamente a la fiscalía

El fiscal acusó además al PP balear de atacar sistemáticamente al Ministerio Público haciendo uso de una "teoría de la conspiración" como una secuencia que se repite "hasta la saciedad" en los numerosos casos de corrupción abiertos en las islas, destacando cómo determinadas personas del partido han lanzado mensajes constantes en defensa de sus exaltos cargos imputados y en contra de la Fiscalía hasta que logran "hacer calar" en la sociedad.

Uno de los momentos más tensos del juicio se produjo cuando Kurt Viaene confesó que en el CDEIB, con el conocimiento de Cardona, "se hacía un reparto 'africano' de comisiones", entre otras irregularidades, lo que le llevó a estar a punto de dimitir en 2006 porque "la bola era cada vez mayor".

El acusado aseveró que quien recibía las comisiones por parte de diversos empresarios era Ordinas, quien luego las repartía, mientras que él mismo llegó a entregar personalmente al exconseller cinco sobres con 20.000 euros cada uno "en su despacho de Son Rapinya" -donde estaba ubicada entonces la sede de la Conselleria de Comercio-.

La trama se desarrolló a lo largo de cuatro años, de 2003 a 2007, durante los cuales se aprovecharon de la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros efectivos sobre su gestión, y que "ellos mismos contribuyeron a mantener".

Así, la Sala relata que para lograr tal finalidad de lucro personal, el primer paso fue la elección del CDEIB como organismo a través del cual podía desarrollarse la actividad que les permitiría desviar los fondos, por ser un organismo en el que concurrían "las condiciones ideales para desarrollar la actividad delictiva": la ausencia de controles, la actividad del Consorcio de asistencia a ferias y eventos y encargo de estudios e informes, y la posición de los acusados en esta empresa pública.

A partir de ahí, los exaltos cargos establecieron una estructura de control en la que Cardona "ostentaría la posición de líder o jefe-director de la misma" al fijar las "líneas maestras" del funcionamiento del entramado, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados (Viaene y Ordinas), y dada su posición como conseller, "cuidando de nutrir económicamente al CDEIB" mediante el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Conselleria de Comercio o bien desde el Instituto de Innovación Empresarial (IDI).

En el escalón inmediatamente inferior, como mano derecha de Cardona, según la sentencia, se hallaba Viaene, encargado de transmitir y ejecutar las órdenes del anterior con funciones asignadas como la de dar cobertura legal a los traspasos de fondos públicos al CDEIB desde la Consellería de Comercio y desde el IDI; establecer los estudios que el CDEIB debía contratar; exigir a los proveedores el pago de la comisión por la adjudicación de contratos, o recibir los fondos sustraídos y las comisiones y repartirlos.

Por su parte, Ordinas se encargaba de la organización de ferias y eventos, así como de la elección de los proveedores; la manipulación y alteración de los procedimientos administrativos del CDEIB; el control de los proveedores; de exigir a los mismos el pago de una comisión por su contratación, y controlar la creación de participaciones de las empresas utilizadas para recibir los fondos públicos del CDEIB.

Mientras tanto, otros tres de los acusados que han sido condenados en el marco del caso Scala, el exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene -cinco años y cinco meses de prisión-, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -cuatro años y dos meses- y el empresario y exconcejal de Lloseta Felipe Ferré -tres años y nueve meses-, han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos días en el centro penitenciario de Palma.