El PP andaluz ha elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, un escrito en el que avisa de que la Junta de Andalucía ha "omitido" supuestamente la entrega de un informe "adicional" incluido en la auditoría de las cuentas del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía relativas al ejercicio 2005 y que avisaría, ya entonces, de "las consecuencias de la utilización de expedientes administrativos inadecuados".

La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.

El papel del ifa

En los hechos juega un papel especial un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Y es que gracias a este convenio, el antiguo IFA libró directamente al menos 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública porque las subvenciones habrían carecido de la preceptiva fiscalización e incluso de publicidad.

En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.

"omisión" de documentación

Pues bien, en el marco de estas diligencias, el PP andaluz elevó el pasado 1 de agosto al juzgado un escrito en el que da cuenta de determinadas observaciones respecto a "los informes remitidos al juzgado por la Intervención General de la Junta de Andalucía". En concreto, y según el escrito elevado al juzgado y recogido por Europa Press, el PP-A señala un informe "definitivo" de cumplimiento de legalidad correspondiente al año 2000 y la mitad de 2001 del antiguo IFA, porque en él "se ha omitido la entrega de las notificaciones del mismo a los entonces consejeros de Empleo y Desarrollo Tecnológico (el actual diputado nacional socialista José Antonio Viera), la consejera de Economía y Hacienda (Magdalena Álvarez) y el presidente del IFA".

Del mismo modo, el escrito incide en el "informe definitivo" de cuentas anuales del IFA correspondiente al año 2001 porque en la documentación entregada al juzgado "se han omitido las notificaciones preceptivas" a los mismos cargos públicos ya señalados. Finalmente, y respecto al "informe definitivo" de la auditoría de cuentas anuales del IFA correspondiente al año 2005, la documentación entregada a la juez Alaya omitiría, siempre según el PP, "el informe adicional" citado en dicho informe inicial y que versaría sobre "las consecuencias de la utilización de expedientes administrativos inadecuados para tramitar el envío de recurso a la empresa pública".