El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido este miércoles "la libertad de expresión" del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, a quien la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado que las actuaciones judiciales exigen "respeto", tras las manifestaciones del consejero sobre la labor de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, a la que el consejero acusó de falta de imparcialidad y profesionalidad.

Esta respuesta institucional llega después de que el vocal del CGPJ Antonio Dorado haya propuesto a la Comisión Permanente de este órgano dar algún tipo de respuesta institucional ante las manifestaciones del consejero de Justicia e Interior de la Junta.

En este sentido, Jiménez ha señalado que en el Consejo "viene pasando esto", y es que alguno de sus magistrados o vocales más conservadores, en este caso Dorado, "aproveche su pertenencia al órgano de los jueces para intentar lanzar un mensaje con trascendencia política".

Así, ha recordado que Dorado es vocal designado a propuesta del PP y una persona que "recientemente se atrevió a reconvenir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y al presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, cuando alertaron de la necesidad de agilizar la instrucción de los ERE y se resolvieran algunas situaciones procesales que tenían difícil explicación".

Además, Dorado "se ha convertido en el ariete del señor Gallardón dentro del propio CGPJ", de hecho "es el autor del informe sobre la reforma del Consejo", que "ha sido criticada por todos" y ha sido calificado "como la mayor involución democrática de nuestra historia reciente". En general, continúa, "es una persona que se caracteriza por sus declaraciones políticas" y de eso se trata lo que "ha ocurrido hoy en el CGPJ, de una declaración política".

En cualquier caso, Jiménez defiende la libertad de expresión de De Llera, que en el marco de una entrevista "ha hecho una valoración respetable y que nadie puede cuestionar, porque si no se estaría comprometiendo la libertad de expresión". "En un Estado de Derecho los ciudadanos pueden opinar de lo que quieren, siempre que su opinión no constituya un delito o una agresión a los derechos de los demás".

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