La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona ha emitido un voto particular en contra del informe "favorable" sobre el proyecto de Real Decreto que permitiría la posibilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) vuelva a operar, a pesar de tener licencia de cese definitivo de explotación, y reclama que el titular deba pedir una licencia nueva si quiere reanudar la planta.

En declaraciones a Europa Press, Narbona ha explicado que el resto de los miembros del Consejo, Fernando Martí (PP), Fernando Castelló (PP), Antonio Gurguí (CiU) y Rosario Velasco (PSOE) votó a favor del informe aunque han planteado numerosas condiciones para que una central pueda renovar su licencia, una vez que esta ha expirado.

Para la exministra de Medio Ambiente, las prácticas reguladoras del CSN deberían estar en consonancia con la normativa vigente y con las buenas prácticas nacionales e internacionales en esta materia y, especialmente, en este caso en el que se modificará el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), que únicamente ha sido cambiado significativamente en dos ocasiones (1999 y 2008) tras un proceso "profundo y sosegado".

Sin embargo, los cambios se han producido en los tres últimos meses, cuando el Gobierno anunció que publicaría una orden para abrir una ventana a la continuidad de Garoña que, después, la empresa no aprovechó, al no pedir una renovación de la licencia, que expiraba el 6 de julio. También ha apuntado contra el Gobierno por querer cambiar la normativa general que afectará al resto del parque atómico español para dar salida a una instalación concreta.

Además, ha criticado que desde hace un año el Consejo estaba trabajando en un informe para trasponer la directiva europea en materia de residuos y ha señalado que, en ese sentido, el Ministerio incorporó todas las recomendaciones que le sugirió el CSN. Sin embargo, ahora se les ha pedido en dos semanas un nuevo texto, que introduce nuevos supuestos "sin apenas estudios ni debate previos en profundidad".

Modificaciones inéditas

Concretamente, estos cambios suponen "incertidumbres reguladoras" e incorporan la "inédita distinción", con efectos jurídicos diferenciados, entre el cese de explotación de un reactor por motivos de seguridad nuclear o protección radiológica y el cese por razones ajenas; así como el cese temporal de explotación y la renovación de autorizaciones que ya han expirado. En su opinión, esta es una "distinción artificial porque las condiciones económicas no pueden tener consecuencias ni tratamientos diferentes y tras el cese, se va al desmantelamiento".

Además, el borrador apunta a la posibilidad de renovar una licencia que ha expirado, algo que le genera "todas las dudas del mundo". En este sentido, su opción es que si el titular de una central nuclear quiere volver a operar después del cese, puede pedir una autorización nueva que, sin embargo, reconoce que es un trámite "más complejo y exigente que una renovación".

Por ello, la consejera afirma en su voto que "no puede compartir" el informe favorable aprobado ya que considera que la calidad de los procesos son "inherentes y cosustanciales a las garantías de seguridad".

En este caso, argumenta que la capacidad económica de los titulares es un requisito "imprescindible e indisociable de la seguridad nuclear y radiológica" por lo que las motivaciones económicas para argumentar un cese de explotación no deberían, en ningún caso, considerarse ajenas a las garantías de seguridad nuclear y radiológica".

Respecto a la valoración de sus compañeros en el pleno del Consejo, ha dicho que han actuado "correctamente" en su función de elevar la seguridad de las condiciones y ha añadido que, por eso, el CSN pedirá "una ristra de cosas de acuerdo con el estado de la planta".

"Lo valoro positivamente, pero mi posición era aún más exigente y consiste en la necesidad de pedir una nueva autorización", ha apostillado Narbona que ha garantizado que el papel del CSN en materia de seguridad seguirá vigente en este caso, porque las condiciones que imponga el organismo son vinculantes, a diferencia del informe emitido este martes.

Por eso, ha querido transmitir un mensaje de confianza en relación con la seguridad de Garoña, porque ha anunciado que el regulador va a pedir numerosas condiciones y ha recordado que aún siguen pendientes por parte de Nuclenor, las inversiones que debía haber hecho antes y después de Fukushima. De este modo, ha vaticinado que en caso de que llegue a producirse, la vuelta a la generación de electricidad en Garoña será un proceso "seguro que largo", puede durar uno, dos, o más años.

En definitiva, ha dicho que la seguridad está garantizada pero esto es una "mala praxis jurídica" que no es buena para el ordenamiento jurídico. La consejera estima que esta "primera reforma" de calado del RINR y que, por tanto, debería haber comportado una evaluación de los impactos que tendrán en las "amplias modificaciones introducidas".

En este contexto, ha recordado que el CSN sigue trabajando ahora en el plan de actuación 2013-2017 relativo al plan del cese definitivo de la explotación, presentado por Nuclenor el pasado 2 de julio y que, adicionalmente ya están en vigor todos los documentos oficiales de parada.

Por otro lado, la consejera ha recordado que el cese definitivo de explotación de Garoña se produjo el 6 de julio pasado "única y exclusivamente" porque expiró su última autorización, para la que el CSN informó favorablemente en 2009 sin que el titular hubiera renovado dicha autorización "en las diferentes ocasiones que tuvo".

En definitiva, Narbona propone que la revisión del RINR se realice de acuerdo con las buenas prácticas reguladoras recomendadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), tras "profundos y sosegados estudios" y destaca que no hay ningún obstáculo legal que impida al Gobierno, previo informe favorable del CSN, una nueva autorización de explotación al titular, si lo solicita, por lo que la reforma del reglamento es "innecesaria".

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