El Grupo Parlamentario Socialista, a través del parlamentario burgalés Luis Tudanca, ha presentado una Proposición no de Ley a la Mesa del Congreso en la que insta al Gobierno a reconsiderar la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y el desdoblamiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En la citada PNL, para su debate en la Comisión de Justicia, plantea desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma y aboga por que el Ministerio plantee una nueva en la que en su elaboración y contenido se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren, al tiempo que pide dejar sin efecto la recentralización prevista en las capitales de provincia manteniendo la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, atendiendo el carácter fundamentalmente rural que conforma la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Asimismo, los socialistas instan al departamento de Ruiz Gallardón a garantizar el mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la ciudad de Burgos.

La PNL se produce después de que el Ministerio de Justicia haya hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

El propio ministro compareció ante la Cámara en mayo para presentar el texto propuesto por la comisión de expertos de reforma de la LOPJ que ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero anunció, "sembrando la confusión", que no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaría abriendo así, "a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad".

"ignora a los ciudadanos"

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, en opinión de los socialistas, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las comunidades autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada en última instancia al desmantelamiento de los servicios públicos.

Así, recuerdan que el ministro afirmó el 9 de julio en Valladolid que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero denuncian que, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las administraciones públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que los edificios e instalaciones judiciales estarán sólo radicadas en las capitales de provincia.

"Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial", critica el PSOE, que añade que la propuesta presentada supone un severo riesgo para los partidos judiciales rurales que corren riesgo de supresión o una pérdida de funciones pues se convertirían en poco más que sedes administrativas.

En caso de llevarse a cabo, los socialistas advierten de que Castilla y León sería una de las CCAA más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios.

Por otro lado, la propuesta pretende el desdoblamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que que desde el PSOE se ve como un "ataque sin precedentes al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, una iniciativa recentralizadora intolerable y una falta de respeto a las instituciones de la provincia de Burgos con las que no se ha contado y a las que ni siquiera se ha informado".

Y es que para el PSOE, desvirtuar el papel de Burgos como capital de la Justicia de Castilla y León excede de las competencias del Ministerio de Justicia por lo que esta propuesta debe ser modificada de forma inmediata.