El Ayuntamiento de La Rinconada ha puesto en marcha su programa de ayuda al alquiler del que se han beneficiado un total de 30 familias, que percibirán el 50 por ciento de la renta durante seis meses con un máximo de 200 euros. La medida cuenta con un presupuesto superior a los 40.000 euros, que "vienen a paliar las dificultades de aquellas familias que viven en alquileres privados".

"Hemos aprobado una partida que ayude a acometer los pagos a esas familias del municipio que viven de alquiler y cuyos ingresos se han visto sensiblemente mermados aumentando al mismo tiempo las dificultades para afrontar gastos tan elementales como los de la vivienda " explica el socialista Javier Fernández, alcalde de la localidad.

Así, señala que, mientras otros municipios "se están viendo obligados a efectuar recortes en sus partidas presupuestarias", el Gobierno rinconero puede permitirse, "gracias a su posición saneada y a la austeridad en otras parcelas menos necesarias", incrementar lo que destina a bienestar social y ayudas sociales de emergencia.

Las personas inquilinas beneficiarias han sido seleccionadas por una comisión técnica de entre las registradas en la Agencia de Fomento al Alquiler o propuestas desde los Servicios Sociales que reunían los requisitos establecidos en el programa y presentaron la documentación requerida. Como destaca el propio alcalde, "hablamos de un derecho recogido en nuestra Constitución como es el derecho a la vivienda y desde el ámbito de la política local venimos poniendo en marcha medidas e iniciativas con el objetivo de ayudar a las familias de La Rinconada que están siendo más golpeadas por la crisis".

Igualmente, desde La Rinconada se ha creado una oficina para asesorar respecto a posibles desahucios, que funciona desde el pasado 1 de diciembre. Además, el Ayuntamiento cuenta con un parque de viviendas sociales en alquiler que ronda las 700 viviendas, con unos alquileres mensuales que oscilan en torno a los 60 euros y que en ningún caso llegan a los 100 euros.

"Nunca el Consistorio y su empresa pública Soderinsa han ejecutado ningún desahucio a una familia sin ingresos y, siempre y ahora mas que nunca, se buscan fórmulas pactadas, y negociadas con los vecinos para hacer frente a los pagos pendientes", destaca el alcalde. Actualmente, cuando una vivienda pública de alquiler se queda libre, el Gobierno local la reasigna siguiendo criterios sociales.

Por último, señala que en abril el Consistorio se adhirió también al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, con el objetivo de "asesorar, intermediar y proteger a las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentran en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente".