El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat (PP), ha anunciado este jueves que el equipo de gobierno estudia la adquisición de un edificio de viviendas con el que ofrecer alquileres sociales a familias en riesgo de exclusión social a un precio que oscilaría entre los 100 y 125 euros, para lo que ha se han producido negociaciones con algunas entidades bancarias.

Así lo ha manifestado Amat durante el debate en pleno ordinario de una proposición conjunta de los grupos del PSOE e IULV-CA para instar al Gobierno a la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda; una moción que finalmente ha sido rechazada con los votos del equipo de gobierno (PP).

Las negociaciones encaminadas a conseguir un inmueble para ofrecer este servicio se habrían iniciado de manera formal hace un mes y han incluido también conversaciones con ayuntamientos de la provincia. Estas viviendas, según la intención manifestada por Amat, estaría destinada tanto a personas que hayan sido desahuciadas como a aquellas que no puedan hacer frente a su hipoteca o abonar alquileres a precios mayores.

Con esto, el presidente ha declinado avanzar más detalles sobre este proyecto hasta que las negociaciones no hayan fructificado en medidas concretas, si bien ha insistido en que son este tipo de gestiones las que permiten luchar contra la crisis en contraposición al decreto 'antidesahucios' de la Junta.

Desde la oposición, tanto el portavoz de IULV-CA, Juan Pablo Yakubiuk, como la del PSOE, Esperanza Pérez, han insistido en la necesidad de solicitar al Gobierno central la retirada del recurso ante el Constitucional para evitar "perjudicar a muchas familias" cuyos beneficios se han visto suspendidos y que, en el caso de la provincia, afecta familias.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y portavoz 'popular', Javier Aureliano García, ha calificado de "ruines" los argumentos dados por la oposición y ha resaltado la "seriedad" de la decisión del Gobierno, toda vez que ha sido avalada por un informe del Consejo de Estado compuesto por "una mayoría —de personas— del partido socialista".

De este modo, ha criticado que se trate de "hacer política con el drama de los desahucios de familias en España" al tiempo en el que ha incidido en que el 90 por ciento de las ejecuciones hipotecarias se iniciaron en el anterior gobierno socialista "sin que el PSOE hiciera nada para evitarlos, porque ustedes sólo se preocupan de los desahucios cuando gobierna el PP", según se ha dirigido a la portavoz del PSOE.