La Fiscalía de Granada solicita dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira en este municipio.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público les atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, del que también acusa al arquitecto municipal Luis Gustavo G.C, y al secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G, para los que pide la misma pena que a los anteriores.

La Fiscalía atribuye además tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof —la empresa propietaria de los terrenos—, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Constaind y Consta Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F.

Para cada uno de ellos solicita el Ministerio Público seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de la condena, y multa de 14.400 euros.

El Ministerio Público mantiene en su escrito de acusación que tanto Víctor Sánchez como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, según añade el fiscal, favorecieron y permitieron que estas sociedades procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las referidas licencias.

De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello". En unos casos, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".

Con ello considera el fiscal que incumplieron "consciente y deliberadamente" lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con "el conocimiento y el consentimiento" del secretario del Ayuntamiento, quien "faltando a su deber" permitió la "vulneración de la normativa urbanística", "no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación".

Los promotores

Para el fiscal, las promotoras Bareo Investments y Vladiglof, Península Project, y Constaind S.A. y Consta Indálica, guiados por el ánimo de "obtener un lucro ilícito" procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urbanística no podían obtener las licencias necesarias, además de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.

La Fiscalía mantiene que "ocultaron" estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisición ni el pago de su precio, añadiendo que "la publicidad realizada incluso a través de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas".

De hecho, El Ministerio Público reclama además declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas de manera ilegal y la indemnización conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.

En caso de que por las irregularidades urbanísticas concurrentes en las viviendas objeto de la causa no sea factible obtener los servicios que permitan la habitabilidad, reclama que se declare la nulidad de las escrituras de compraventas.

El escrito del fiscal también solicita, para garantizar las responsabilidades pecuniarias, la formación de la correspondiente pieza separada de responsabilidad civil, en la que se deberá practicar lo necesario para averiguar la situación económica de los acusados, interesando que se oficie al Decanato de los Juzgados de Granada para que informen sobre los datos tributarios y de bienes.

Además, el fiscal interesa que se deduzca testimonio de los particulares relativos al destino de las cantidades percibidas y no destinadas a la ejecución de las obras de saneamiento y se incoe pieza separada a fin de continuar la investigación y esclarecer los hechos.