La directora general de Urbanismo y Vivienda, Marian Ortigosa, ha destacado hoy que La Rioja recibirá 41,15 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, dotado con 2.421 millones de euros, con objeto de facilitar el acceso a la vivienda, en especial a las personas con escasos recursos económicos, y contribuir a la reactivación de la economía y la creación de empleo.

"Estos fondos se destinarán prioritariamente a ayudas al alquiler para familias riojanas", ha subrayado Ortigosa, quien ha detallado hoy los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada ayer en Madrid, para aplicar el Plan Estatal de Vivienda, las leyes de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y de Fomento del Alquiler.

Como ha destacado la directora general, "todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad, lo que evidencia el consenso entre el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas; que la línea de actuación es la correcta y que se están acordando las medidas que demandan los ciudadanos".

En este sentido, ha avanzado que, una vez aprobado el criterio para el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio de Fomento tiene previsto iniciar en breve las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para establecer los cupos de las ayudas a inquilinos, alquiler social, rehabilitación de edificios o actuaciones de regeneración urbana.

Estos fondos, tal como ha incidido Ortigosa, "tendrán como destino prioritario el fomento del alquiler de vivienda entre las familias riojanas".

Otros acuerdos.

Ha destacado, igualmente, que las comunidades autónomas coincidieron con el Gobierno de España en la necesidad de crear un registro de viviendas protegidas, "atendiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo".

A ello ha sumado la necesidad "de incrementar la protección a aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual, además de facilitar el alquiler social y promover la ocupación de las viviendas vacías".

Además se acordó la creación de un grupo de trabajo para elaborar el plan estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación 2014-2020 con objeto de facilitar a las comunidades de propietarios la gestión de los proyectos de rehabilitación.

También se pretende "favorecer la movilidad laboral y, para ello, se permitirá que las familias que deban mudarse a otras comunidades autónomas por motivos laborales puedan seguir cobrando las ayudas al alquiler".

Por último, se acordó la creación de un censo de contratos de arrendamiento dado que en España no existe ninguna estadística oficial que recoja cuántas familias viven de alquiler o cuál es el precio medio de la renta que pagan, entre otras cuestiones.