CC.OO. ha solicitado al Ministerio de Hacienda que elabore "con diligencia" y antes de fin de mes la relación de bonificaciones que habrá que devolver tras la resolución europea que declaró "ilegales" las ayudas recibidas por el sector naval español a través del sistema denominado 'tax-lease' entre los años 2007 y 2011.

"No nos imaginamos un escenario en el que alguien coja vacaciones y deje algo sin arreglar sobre esta resolución para después del mes de agosto", ha señalado el responsable del sector naval privado de la Federación de Industria de CC.OO, Ramón Sarmiento.

Sarmiento ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Bilbao junto al responsable de Politíca Estatal de la Federación de Industria, Juan Carlos Liébana, el secretario general de la Federación de Industria de la central en Asturias, Damián Manzano, y su homólogo en Euskadi, Javier Gómez, para ofrecer una valoración sobre la actual situación del sector tras la citada resolución, hecha pública el 17 de junio.

Durante su intervención, Liébana ha realizado esta petición a Hacienda con el objetivo de que inversores y armadores "recuperen la confianza y la seguridad jurídica" de cara a que "cuajen" los procesos de contratación de buques en los que se viene trabajando en las últimas semanas. "Exigimos diligencia por parte de Hacienda en la elaboración de ese trabajo y que lo traslade a la Comisión Europea", ha demandado.

En el caso de Euskadi, Gómez ha apelado a la "necesaria coordinación" entre el Gobierno vasco y las Haciendas forales, porque "no puede ir cada uno por un lado", sino que tiene que haber una actuación "bien estructurada" entre las diferentes administraciones de cara ha contabilizar los importes a devolver.

Por otro lado, desde la central han juzgado "contradictorio" la hipotética interposición de un recurso a la resolución del expediente, al estimar que no favorece la recuperación de la "confianza e interés" de los inversores en el sector.

PLAZOS

Según ha detallado el responsable del sector naval privado del sindicato, la resolución establece un periodo ordinario de cuatro meses desde su publicación para determinar las bonificaciones que habría que devolver.

Precisamente, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha convocado a una reunión esta tarde a representantes de la tres Comunidades Autónomas más afectadas por las ayudas al sector naval (País Vasco, Galicia y Asturias), sindicatos y astilleros, para "escucharles" y "consensuar" los próximos pasos.

En este sentido, Liébana ha mantenido que el ministerio recoge, de esta manera, la propuesta realizada desde las organizaciones sindicales de cara ofrecer una valoración "colectiva" del contenido de dicha resolución, y en la que participará, en representación de CC.OO., el secretario genral de la Federación de Industria, Agustín Martín.

En la cita, el sindicato trasladará su valoración sobre "lo que ha ido trascendiendo" sobre la citada resolución, ya que el contenido de la misma aún no ha sido publicado. "No queremos que la resolución se gestione desde la decisión unilateral del Gobierno", han demandado, antes de añadir que "la prioridad es el trabajo".

Respecto a la posible interposición de un recurso a la resolución del expediente, desde la central han juzgado "contradictorio" que éste se lleve a cabo, ya que no favorece la recuperación de la "confianza e interés" de los inversores en el sector.

Cifras "manejables"

Pese a mantener que el resultado de la resolución "no es el esperado" por CC.OO., Liébana ha mostrado su "convencimiento y algo de conocimiento" de que los términos de dicho documento van a ser "manejables" para el sector, siempre que se haga "con diligencia".

Tras reiterar que no son las organizaciones sindicales las que pueden dar traslado de las cifras a devolver, desde CC.OO. han afirmado que estas cantidades "pudieran sufrir una reducción significativa", gracias fundamentalmente a los borradores en los que se trabajó en los momentos previos a la resolución sobre el 'tax-lease'.

En cualquier caso, Liébana ha recordado que, hasta el momento, ya han sido seis los astilleros que han tenido que cerrar en el Estado; dos en Andalucía, uno en Asturias, otro en Valencia, Catalauña y Galicia.

"Lo que no queremos es que los tiempos de gestión de esa resolución sigan generando cadáveres, porque ya habido suficientes fallecimientos en el sector", ha indicado, tras contabilizar en "miles" los empleos perdidos por la industria y en "más de 200" las empresas auxiliares que se han visto abocadas al cierre.