Ecologistas en Acción Sevilla aplaude una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, emitida el pasado 12 de julio, ante la queja formulada por la federación sevillana y la Plataforma Ciudadana Sierra de Morón, y en la que, a juicio de la organización, "demuestra la pésima gestión de la Junta de Andalucía en la cantera de la Sierra de Morón (Sevilla)".

Según explica Ecologistas en un comunicado, la resolución detalla que la empresa Sidemosa "ha intentado obtener una prórroga de 30 años, presentando un proyecto de explotación que no se ajustaba a la realidad". De esta manera, precisa, "se definía el proyecto como una mera continuación de la explotación, cuando en realidad escondía una clara intención de ampliación de la explotación autorizada".

En este sentido, Ecologistas en Acción afirma que ha alertado a ambas Consejerías "de las falsedades y del fraude de ley" que Sidemosa estaba realizando, mediante repetidos escritos y reuniones directas con altos cargos de ambas Consejerías, desde diciembre de 2011 hasta mayo de 2013.

En dicha resolución, Maeztu considera que la prórroga solicitada por Sidemosa "se debe someter al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada establecido en la vigente Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)". Además, opina que se debe realizar "con pleno respeto a la legislación urbanística".

Esta recomendación del Defensor, apunta la organización ecologista, contrasta con la actitud "encubridora" que mantiene el actual alcalde del PSOE de Morón, Juan Manuel Rodríguez, que "en su comunicación remitida al Servicio de Protección Ambiental de la Junta, el edil ha omitido de manera expresa cualquier referencia a la normativa urbanística de Morón. Esta normativa califica la Sierra de Morón como Suelo No Urbanizable de Conservación Prioritaria y prohíbe de manera rotunda las actividades extractivas e industriales en ese suelo".

El Defensor recuerda a la Administración "su deber legal de observar los artículos 45 de la Constitución y 57 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (...) al entender que la voluntad del legislador no es otra que los procedimientos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la LGICA se somentan a su normativa, como el caso de la solicitud de autorización de la ampliación y reforma de la explotación minera a que se refiere la queja".

Además, considera "extraordinariamente preocupante" la existencia de un informe de la Consejería de Medio Ambiente, fechado en febrero de 2007, que advertía cómo las actuaciones de la empresa Sidemosa estaban afectando a flora amenazada y señalaba "la muy importante afección visual que produce la explotación", y la Junta de Andalucía "haya obviado este informe durante los últimos seis años", y dice desconocer "los motivos por los que esta explotación minera ha venido desarrollando su actividad sin que se adopten las medidas protectoras que la propia Administración tuteladora del medio ambiente ha considerado necesario adoptar".