Instituciones Penitenciarias niega un "trato de favor" a Lanzas y que éste ocupe "cargo" alguno en la cárcel

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha negado este viernes que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas esté "recibiendo un trato de favor" en la cárcel de Sevilla-I, donde se encuentra interno desde el pasado mes de marzo por orden de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha negado este viernes que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas esté "recibiendo un trato de favor" en la cárcel de Sevilla-I, donde se encuentra interno desde el pasado mes de marzo por orden de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En este sentido, fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han señalado a Europa Press que Juan Lanzas "no ocupa ningún cargo" en la prisión de Sevilla-I y han tachado de "rigurosamente falso" que un grupo de presos se haya quejado de que esté recibiendo "un trato de favor".

Asimismo, fuentes penitenciarias han indicado a Europa Press que el 'conseguidor' de los ERE "es un interno más" que "colabora con las tareas de limpieza del módulo de pre-respeto en el que se encuentra y que limpia, por supuesto, su celda".

Al hilo, estas mismas fuentes ha explicado que Juan Lanzas "ni siquiera se encuentra interno en el módulo de respeto, donde la convivencia entre presos es mucho mejor y más normalizada".

Y es que, según las fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press, un grupo de presos de la cárcel de Sevilla-I habría mostrado en los últimos días su queja por el "trato de favor" del equipo de tratamiento hacia Lanzas, pues estas fuentes apuntan que habría sido nombrado "coordinador de actividades", una figura que "no existe" y que Lanzas "utiliza para mandar y decidir" sobre sus compañeros de módulo.

Fue el pasado día 22 de marzo cuando la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Lanzas por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

La juez entiende que existe un "evidente" riesgo de fuga y de que pueda "manipular" los medios de prueba, así como de que "pueda hacer desaparecer dinero, documentación, o cualquier cosa de interés para la causa al existir todavía una entrada y registro pendiente de ejecutar en su entorno".

En el auto, la juez hace mención a las "relaciones" entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.

Cinco imputados continúan en prisión

Actualmente, sólo cinco de los alrededor de cien imputados en la causa permanecen en prisión, como son, además de Lanzas, el presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real; los exdirectivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual, y el dueño de Uniter, José González Mata.

Todos ellos han recurrido el auto de prisión dictado por la juez Alaya, tras lo que la Audiencia Provincial ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a los exdirectivos de Vitalia y de 450.000 euros a Juan Lanzas, cantidad que ninguno de ellos ha podido abonar hasta el día de hoy.

Recientemente, la juez Mercedes Alaya acordó rebajar de 50.000 a 6.000 euros la fianza impuesta a Eduardo Leal del Real, encarcelado desde el pasado mes de marzo como presunto testaferro de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta.

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