BMN ha recibido 764 peticiones de adhesiones voluntarias al programa de suspensiones incluidas en el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la entidad, de las que casi la mitad, un total de 336, se ubican en Andalucía.

Según han indicado a Europa Press fuentes de CCOO, de las 764 solicitudes de adscripciones voluntarias, 309 son peticiones de reducción de jornada, 203 son peticiones de desvinculación por mutuo acuerdo, 121 son bajas incentivadas, 67 son suspensiones durante seis meses, y 64 son peticiones de excedencia.

Por territorios, en Andalucía se han registrado 336 solicitudes, en Baleares 235, en Levante 122, en Cataluña 42 peticiones y en Madrid 29 solicitudes.

Fuentes sindicales han explicado que en la reunión de la comisión de seguimiento del ERE, celebrada esta semana, la entidad se compromete a que la aplicación de medidas forzosas extintivas según lo previsto en el acuerdo "se haría con posterioridad a la celebración de la próxima comisión de seguimiento" prevista para septiembre, por lo que "la aplicación de bajas forzosas no se efectuará antes de septiembre".

Asimismo, para seguir propiciando el principio de voluntariedad, las partes han convenido habilitar un plazo extraordinario entre el 22 y el 25 de julio, ambos inclusive, para adhesión a bajas incentivadas, extinciones por mutuo acuerdo, excedencias remuneradas y movilidad geográfica.

A finales de mayo, los sindicatos de BMN y la dirección de la entidad han alcanzado un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que establece un volumen de afectados de 900 trabajadores y con el que "se reducirá al mínimo el riesgo de bajas forzosas".

Según precisaron entonces todos los sindicatos en un comunicado conjunto, de los 900 afectados, concretamente 300 empleados se verán encuadrados en medidas de flexibilidad interna, esto es, 125 reducciones de jornada al 20 por ciento, donde "quienes se adhieran voluntariamente quedarían exentos del programa de suspensiones" y además "no se les aplicaría la tabla de moderación salarial".

Habría otras 125 suspensiones voluntarias y forzosas rotatorias, de nueve meses, con 600 euros mensuales en concepto de ayuda y derecho a anticipo por las cuotas de préstamos por el periodo, y otras garantías.

También dentro de los 300 empleados afectados por la flexibilidad interna se contemplan 50 excedencias remuneradas también de carácter voluntario, hasta 31 de diciembre de 2017, que tendrán preferencia en caso de exceso de solicitudes a los mismos supuestos de afectación de las medidas forzosas. El acuerdo contempla que si el 30 de junio de 2014 no se hubiesen alcanzado las 50 solicitudes, se completaría mediante medidas extintivas y suspensivas en un 50 por ciento.

Además el acuerdo plantea para 430 empleados salidas voluntarias, programando 200 salidas de mutuo acuerdo para mayores de 50 años, "en condiciones similares a otros acuerdos del sector, esto es, unos 250.000 euros de media —225.000 de mínimo, 275.000 de máximo—", de forma que los de 1957, 1956 y anteriores saldrían a principios de 2014 y los de menos edad podrían salir hasta el 31 de diciembre de 2014.

También se contemplan 150 salidas por externalización de servicios, donde se deberán negociar garantías en materia de empleo y condiciones de los afectados, de forma que "si no se confirma la operación antes del 30 de septiembre de 2014, la parte pendiente hasta 150 se cuadraría mediante un incremento del programa de suspensiones y/o de reducciones de jornada".

Dentro de las salidas voluntarias, externalizaciones o venta de redes se contemplan 80 salidas por venta de red de Madrid, donde se negociarían garantías en materia de empleo y condiciones de los afectados y si no se confirma la operación antes del 30 de marzo de 2014, se evaluaría en la comisión de seguimiento como reducir el impacto extintivo sobre las personas de las oficinas que se cerrarían.

Por último, completan el expediente 170 bajas incentivadas voluntarias, con 30 días con tope de 22 mensualidades más 2.100 euros por cada tres años completos de antigüedad y una prima de voluntariedad de entre 4.000 y 20.000 euros, así como el establecimiento de una cuantía mínima dependiendo de los años de antigüedad.