La Policía Nacional ha desarticulado una empresa ficticia, ubicada en la provincia de Tarragona y dedicada al sector de la limpieza, en una operación en la que han detenido a 24 personas, la cuarta de estas características en la provincia en lo que va de año.

Los responsables de la empresa —con sede en Reus— cobraban a los supuestos trabajadores diferentes cantidades por darles de alta, y llegó a dar de alta de forma fraudulenta a 47 personas, la mayoría de nacionalidad marroquí.

En la operación se han detenido a cinco personas en Tarragona, entre ellas uno de los administradores de la empresa ficticia, y 19 en Lleida, la mayoría mujeres extranjeras que residían en el casco antiguo de la ciudad y de las que muchas ejercían la prostitución.

Como consecuencia de la actividad ficticia de la empresa, ésta contrajo una deuda con la Seguridad Social de 181.518 euros en conceptos de cuotas no ingresadas de los supuestos trabajadores.

Búsqueda de inmigrantes con contratos falsos

La Policía busca a 100 inmigrantes con contratos falsos de trabajo originados en Lleida y detectados en las cuatro operaciones en las que ya han sido detenidas 85 personas en lo que va de año.

En rueda de prensa, la subdelegada del Gobierno central en Lleida, Inma Manso, ha señalado que con estas operaciones el número de detenidos y el fraude detectado, unos 700.000 euros entre prestaciones de desempleos y cuotas a la seguridad social, los resultados doblan a los de todo el ejercicio 2012.

Manso, acompañada en rueda de prensa por el comisario jefe de Lleida Juan Fortuny y el jefe de la Unitad Contra las redes inmigración y falsedad, José Luís Gómez, ha insistido en que en estas operaciones más importante que el fraude detectado es conseguir que no se siga cometiendo.

Según la subdelegada, la mayor detección de irregularidades se produce a raíz del acuerdo de colaboración entre Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspección de trabajo para cumplir el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social acordado por el Gobierno en 2012.

La crisis está incrementando el número de contratos falsos entre los inmigrantes que buscan con ellos la posibilidad de seguir renovando su permiso de trabajo, un trámite que no pueden lograr sin un empleo.