El GOB ha criticado este martes la consolidación del "urbanismo tercermundista" que se da en Baleares desde el año 2010, ha indicado para mostrar su rechazo al decreto-ley aprobado este martes en el Parlament que permite dar licencias a casas sin alcantarillado.

Después de que la Cámara balear haya validado el Decreto ley 4/2013 de 21 de junio de regulación provisional de las nuevas edificaciones en núcleos residenciales sin red de alcantarillado, el GOB, en un comunicado, ha explicado que se posibilitará que en Mallorca, hasta el 2016, se puedan otorgar licencias para edificar a urbanizaciones que no tienen todos los servicios.

Tras indicar que la "excusa" es que los Ayuntamientos en época de crisis "no han aprobado definitivamente los proyectos de urbanización o dotación de servicios de alcantarillado, por falta de recursos, porque el plazo es insuficiente o por otras circunstancias", la entidad ecologista ha señalado que es previsible que la situación económica de los consistorios "no mejore mucho de aquí al 2016" y que en ese año "nos volvamos a encontrar con una prórroga que no hará más que consolidar una situación irregular, respecto de los preceptos básicos de la Ley estatal del suelo, y a alargar una problemática que no es tiene la intención real de solucionar".

El objetivo de la norma, según el GOB, está claro y no es la dotación de servicios, sino la posibilidad de dar licencias sin impedimentos de carácter ambiental porque "la evacuación correcta de las aguas residuales, es una cuestión de grande trascendencia desde el punto de vista ambiental que implica unos costes añadidos por particulares y administraciones municipales que se quieren poder evitar".

El GOB se ha preguntado quién tendrá la responsabilidad una vez que haya pasado el plazo si la ley no se ha cumplido y si será el Ayuntamiento que tiene que aprobar el proyecto de urbanización o la dotación de servicios, o el particular que se ha acogido a esta excepción para poder construir su vivienda.

Por otro lado, ha indicado que la consolidación de excepciones a la normativa vigente vía decreto-ley se está convirtiendo en el mecanismo del Govern para poder continuar "dando ritmo a la maquinaria de la construcción pasando por alto los preceptos básicos en materia de regulación urbanística y ambiental".

"Se trataba de usar esta figura para casos de emergencia, que no pueden esperar la tramitación parlamentaria o como medida cautelar hasta la aprobación de una nueva ley. La realidad, no obstante, ha puesto de manifiesto un abuso de esta figura y en dos años de legislatura, ya llevamos 22", concluye el GOB.