El Gobierno limitará a un máximo del 0,12% del PIB las inversiones en distribución

Habrá un incentivo para evitar los robos y los fraudes en la actividad de distribución
Electricidad
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EUROPA PRESS
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La propuesta de real decreto sobre distribución remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) establece un tope del 0,12% del PIB para las inversiones anuales en nuevos activos de distribución.

En el artículo 13 de la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "el volumen de inversión anual a considerar para la retribución de la actividad de distribución por el sistema eléctrico del año no podrá superar el 0,12% del PIB del Estado español previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad para el año".

Esta medida tiene como objetivo contener las inversiones en distribución, en un momento condicionado por la necesidad de acabar con el déficit de tarifa. Para este año, y tras la reforma energética, Industria prevé que el coste de la distribución descienda de 5.253 millones a 4.905 millones.

En el preámbulo del real decreto se explica que "el nuevo modelo introduce un límite máximo a la inversión reconocida anualmente con dos años de anterioridad a la percepción de la retribución debida a estas actuaciones". De esta forma, se contará con una "previsión razonable" de la evolución de los costes.

Sobre este tope a las inversiones, el propio borrador de real decreto remitido a la CNE fija los "hechos imprevistos" y las "causas económicas" que podrían obligar a la revisión del volumen máximo.

Entre ellos aparecen un crecimiento anual de la demanda total eléctrica durante más de tres años consecutivos superiores al 100% de lo previsto, un decrecimiento de la demanda durante más de dos años consecutivos superiores en un 50% a la previsión.

También condicionarán los topes circunstancias como un crecimiento en el PIB durante más de dos años consecutivos superiores en un 50% a lo previsto o un decrecimiento en el PIB durante dos años consecutivos superiores en un 50% a la previsión.

El borrador fija también unas auditorías para los activos de distribución y obliga a las distribuidoras a presentar anualmente ante la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe de cumplimiento de sus planes de inversión.

Incentivo ante los robos.

La propuesta de real decreto también indica que en los últimos años se ha producido un aumento en el fraude y en los robos de energía eléctrica en la cadena de distribución, por lo que se pone en marcha un nuevo incentivo para que las empresas combatan estas prácticas, ya que son las titulares de la redes y las encargadas de las lecturas.

El incentivo a la reducción del fraude de la empresa podrá alcanzar el 0,5% de la retribución sin incentivos de dicho año. Esta cuantía podrá ser modificada mediante orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

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