24 bancos se suman al Código de Buenas Prácticas de la Ley antidesahucios de mayo

  • 74 entidades se sumaron al primer código de marzo de 2012.
  • Bancos y cajas debían comunicar su adhesión a las modificaciones introducidas en la Ley antidesahucios de mayo.  
  • Las que no se sumen se regirán por lo establecido en el real decreto de marzo.
Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante un desahucio
Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante un desahucio
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Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante un desahucio

24 entidades bancarias (bancos o cajas) se han adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata esta vez de la versión prevista en la Ley antidesahucios, que entró en vigor el pasado 15 de mayo.

En concreto, se han sumado a esta nueva versión Banca March, BBVA, Caixa Geral, Banco Caja España, Sabadell, Mediolanum, Popular, Santander, Bankia, Bankinter, Bankoa, Barclays, Caixabank, Caja Ontiyent, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Teruel, Cajas rurales Unidas, Cajasiete, Cajasur, Catalunya Banc, ING Direct, Kutxabank, NCG Banco y Unicaja.

El 9 de marzo de 2012 se aprobó el Real decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos en el que se establecía una serie de mecanismos para permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender al pago de la hipoteca de su vivienda.

En él se incluía un Código de Buenas Prácticas Bancarias al que podían adherirse las entidades y al que, hasta el momento, se han sumado 74 bancos y cajas. Su objetivo es evitar el impacto social de los desahucios y permitir la dación en pago a familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.

En mayo de este año el Gobierno aprobó la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que modificaba el decreto de 2012. En él se establecía que las entidades tenían que comunicar su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas y, las que no se sumaran, se regirían por lo establecido en el real decreto original de marzo.

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