El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha contrapuesto este viernes la actitud "tremendamente proactiva" de la Junta de Andalucía en el esclarecimiento de los hechos que han originado el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) con la "manera vergonzosa" en que, a su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy está afrontando el caso Bárcenas.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Jiménez ha señalado que cuando entre la ciudadanía surge "alarma social" y pérdida de credibilidad como consecuencia de un caso de corrupción "tiene que haber una respuesta contundente como la ha habido en Andalucía", donde la Junta, "con el presidente a la cabeza, ha sido proactivo a la hora de dar información a la ciudadanía, a la hora de colaborar con la justicia y con el Parlamento, que también tiene el derecho y la obligación de conocer lo que ha ocurrido en este ámbito".

De este modo, el dirigente socialista ha criticado que el PP rechazara ayer en solitario las peticiones de comparecencia de Rajoy en un pleno extraordinario en el Congreso que habían registrado PSOE, Izquierda Plural, CiU y el Grupo Mixto para que respondiera a las acusaciones lanzadas por el extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la supuesta financiación ilegal del partido.

Frente a ello, ha recordado que en la Cámara andaluza se han sustanciado "más de 600 iniciativas" sobre el caso ERE y se ha celebrado una comisión de investigación en la que han comparecido tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. "Ha habido una colaboración siempre muy intensa, sincera y honesta a la hora de esclarecer y dar toda la información de que la Junta disponía, cosa que no está ocurriendo de forma vergonzosa en el Gobierno de España", ha reiterado.

Preguntado sobre si ve posible que la juez Mercedes Alaya pueda imputar a Griñán y a otros miembros que han formado o forman parte ahora del Consejo de Gobierno, Jiménez ha dicho que "no existe la más mínima posibilidad real de que se pueda acusar con fundamento ni al presidente ni a las personas que usted ha calificado como aforadas". Es más, ha afirmado que "el comportamiento de los presidentes de la Junta y de los miembros del Consejo de Gobierno ha sido impecable al frente de su responsabilidad pública y no existe ninguna razón para que eso se produzca".

Con todo, y en caso de que se pudieran producir dichas imputaciones, ha advertido de que la instrucción se tendría que elevar "al ámbito en el que se garantiza la circunscripción de ese aforamiento". "Pero con toda claridad digo que no hay ninguna razón para que el presidente Griñán, ni el expresidente Chaves, ni la consejera de Hacienda ni otras personas al frente de responsabilidades en el Consejo de Gobierno puedan ser imputadas. Ni de lejos", ha apostillado.

El recurso al último auto de alaya

Jiménez también ha hecho hincapié en diferenciar el comportamiento de la Junta de Andalucía con la instrucción judicial del caso ERE, "que ha sido de auténtica acusación particular", y el del PP en el caso Bárcenas.

En ese sentido, y al ser preguntado sobre si la Administración autonómica puede seguir siendo parte y acusación en la causa, ha advertido de que el "PP tiene una situación muy comprometida porque acaba de ser expulsado precisamente de la instrucción del caso Bárcenas porque ha estado cometiendo el error terrible de confundir acusación con defensa del señor Bárcenas y de los imputados en la trama Gürtel".

"Ésa no es la situación de la Junta, que ha sido tremendamente proactiva en términos de acusación, de exigencia de responsabilidad en términos de garantías económica y en términos de señalamiento directo de actuaciones ilícitas y de reclamación del dinero que se ha podido defraudar", ha argumentado.

Además, ha aclarado que eso no está reñido con que la Junta recurra el último auto de la juez Alaya —en el que se imputan a 20 cargos y excargos de la Junta— cuando ésta "entiende que se produce una actuación que puede contravenir elementos que forman parte de la propia legitimación de la Junta como parte personada, como es el hecho de que la instrucción pueda cuestionar la constitucionalidad de una serie de normas aprobadas por la propia Junta". "Evidentemente, estando personada, sería muy difícil de asumir que la Junta, cuando se produce un pronunciamiento de la juez sobre las competencias de la comunidad autónoma, ahora no se pronunciara a ese respecto", ha concluido.