El personal docente e investigador (PDI) de varios departamentos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha comunicado, tras la celebración de los consejos de departamentos, su negativa a aceptar "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin negociar con los representantes de los trabajadores y aprobar la ampliación de horario lectivo a las 320 horas".

Según una nota de CCOO, el sindicato ha convocado una asamblea el próximo lunes 15 de julio para "explicar la situación ante los Planes de Ordenación Docentes que se han aprobado y las diferentes consecuencias entre aprobar un plan a 320 horas o a 240 horas de carga lectiva, e incluso de no aprobarlo".

"Nos encontramos ante una gran mayoría de departamentos que han optado por no aprobar un Plan de Ordenación Docente (POD), que conlleva un aumento del 33 por ciento de su carga lectiva en detrimento de la dedicación a otras tareas como la investigación", asimismo, otros "han optado por aprobar un POD con la misma carga de trabajo que el curso pasado en la que el profesorado ya cumple con la jornada de 37 horas y media que marca como tope máximo la legislación vigente para cualquier empleado de la Administración Pública".

La Sección Sindical de la UPO y Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO, han señalado "que la comunidad universitaria ha mostrado su clara repulsa a la política austeridad y de recortes que recae sobre las universidades y la investigación y que tiene su origen en las medidas del Ministerio Wert, así como en los presupuestos de la Junta de Andalucía".

Asimismo, "la UPO ha gritado un fuerte y contundente 'no' a las 320 horas y sí a una plantilla de PDI que pueda realizar una docencia e investigación de calidad al servicio de la universidad pública, evitando¡ prescindir de parte del profesorado", ha señalado CCOO.

De esta forma, el sindicato "en base al I Convenio Colectivo de Profesorado Laboral de la Universidades Andaluzas y la aplicación del Decreto 898/1985 en el que se regula la dedicación del profesorado universitario a nivel estatal", ha recurrido la norma de la UPO que sustentaba estos recortes y "creemos que la interpretación más nociva y perjudicial de la normativa vigente puede ser revisada". Por lo que, ha instado al equipo rectoral de la UPO "a abrir un diálogo con toda la comunidad universitaria y a defender en todos los foros la universidad publica".