La vicesecretaria de Territorio del PP andaluz y portavoz de Vivienda en el Parlamento, Alicia Martínez, ha acusado este jueves en rueda de prensa a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de preferir que el Tribunal Constitucional suspenda, a raíz del recurso del Gobierno central, el decreto antidesahucios "para poder hacer propaganda" y le ha exigido que corrija la norma andaluza.

En rueda de prensa, Martínez ha defendido el recurso presentado este miércoles por el Gobierno de Mariano Rajoy en el TC contra el decreto andaluz, al que, según ha recordado, el PP presentó 82 enmiendas y ha criticado que la Junta ayer saliera "en tromba" en contra del Ejecutivo de la Nación.

Todo esto, a su juicio, "evidencia que es una estrategia de confrontación y que la aprobación del decreto andaluz se hizo a sabiendas de que podría haber rasgos de inconstitucionalidad y de que la Abogacía del Estado podría presentar un recurso, con el fin de coger la bandera de la propaganda contra Rajoy".

En esta línea, Alicia Martínez ha mostrado su disconformidad sobre "el cinismo de la consejera Cortés de utilizar el dolor y sufrimiento de las diez familias que se han acogido al decreto de la Junta". A su juicio, "si la consejera no es capaz de proteger a estas diez familias con la excusa de la interposición del recurso del Gobierno contra el decreto, significaría que "está renunciando a poder actuar al margen del recurso, con las competencias que recoge la legislación".

"Ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el primero en aprobar un decreto antidesahucios, en marzo de 2012, que logró que el 90 por ciento de las entidades financieras suscribieran un código de buenas prácticas, y que permitió paralizar por ley todos los desahucios en España de los colectivos más vulnerables", según ha señalado Martínez, quien ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy fue el primero en incorporar a la legislación las daciones en pago, produciéndose 14.110 durante el año pasado.

La dirigente popular ha asegurado que la Junta ha estado "informando, utilizando y beneficiándose de las medidas del Gobierno de Rajoy", y ha insistido en que, gracias al decreto del Ejecutivo nacional, se han paralizado los 1.500 desahucios en la comunidad que contabiliza la Consejería de Fomento y Vivienda.

Se ha mostrado convencida de que el decreto ley de función social de la vivienda pensado "rebasa los límites competenciales" de la comunidad, y ha señalado que "la Constitución tiene que estar por encima de cualquier otra norma para garantizar la igualdad de todos los españoles". Según Martínez, el recurso del Gobierno "no es para defender a los bancos ni porque lo ordene Europa ni por quitar poder a las familias", sino porque una comunidad "no puede delimitar el derecho de propiedad recogido en la Constitución".