Han pasado poco más de dos meses desde que el 9 de mayo el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia y declaró ilegales las cláusulas suelo en aquellos contratos hipotecarios en los que no estén fijados "con especial transparencia", decisión tras la cual las entidades afectadas optaron por retirar esta disposición de todo los contratos. Desde entonces, y pese a que legalmente esta cláusula se ha dejado de aplicar con efectos desde el 9 de mayor de 2013, en los recibos hipotecarios de este mes aún hay numerosos clientes de entidades como BBVA a los que se les está cobrando. En el caso de Novagalicia, donde hay 90.000 afectados, la propia entidad reconoce que no aplicará la medida hasta septiembre.

Fuentes oficiales del BBVA (donde hay cerca de 425.000 clientes que se podrán beneficiar de cuotas hipotecarias más reducidas) han explicado a este diario que el plazo marcado por la propia entidad fija para el próximo 31 de julio la fecha en la que se habrán revisado todas las hipotecas. "Desde el 30 de junio ya hemos conseguido que a la mayoría de usuarios se les suprima la cláusula, y al resto se les retirará antes de fin de mes", aseguran. Desde el banco han optado por no concretar el porcentaje o la cifra de clientes pendientes de revisar, si bien fuentes de los consumidores los cifran en miles.

Son clientes como Ana Sánchez, de Madrid, y José Ángel Cuéllar, de Badajoz, a quienes les han cobrado este mes aplicándoles todavía los costes extra que suponen la cláusula suelo (que impide bajar la los tipos en proporción al euríbor). Junto al cobro han recibido una carta del banco, que asegura que eliminarán todas las cláusulas de los particulares "a la mayor brevedad posible y en todo caso con efectos 9 de mayo". El propio Banco de España, el pasado 26 de junio, dio apenas un mes para que las entidades revisaran sus contratos hipotecarios.

Es decir, que si a partir del 9 de mayo a cualquier cliente particular le hubieran cobrado importes indebidos ocasionados por la cláusula suelo, "lo pagado de más desde entonces se tiene que reintegrar por parte de la entidad", explica Rafael García Carrellán, abogad0 de Ausbanc, asociación de usuarios de banca que llevó el caso al Supremo. En su opinión las tres entidades afectadas por la sentencia (BBVA, Novagalicia y Cajamar) están obligadas a cumplir la ley, si bien alegan que es un proceso difícil y que "son necesarias semanas para arreglarlo". El perjuicio económico ocasionado por estas cláusulas alcanza los 6.000 euros por familia, según cálculos de Adicae.

Más allá de cumplirse o no los plazos legales, las asociaciones de consumidores y usuarios de banca han denunciado malas prácticas y estrategias abusivas para minimizar el cumplimiento de la resolución del Supremo. Así, la Asociación General del Consumidores (Asgeco) denuncia que algunos bancos, pese a que la sentencia del TS les obliga a anular la cláusula suelo sin tocar nada más, "de forma claramente fraudulenta intentan variar algunas condiciones de dichas hipotecas".

Ante estas "malas prácticas" detectadas por esta organización, recuerdan a los afectados que no firmen ningún documento que les presente el banco "que intente modificar cualquier condición de las establecidas en la hipoteca original". Casos similares han sido comprobados por los servicios legales de Ausbanc. El objetivo de las entidades: intentar subir los tipos efectivos de las hipotecas o colocar nuevos productos al cliente. "A alguno le han llegado a decir que para la eliminación del suelo ha de contratar una tarjeta de crédito o un plan de pensiones. No es cierto", advierte García Carrellán.

Así, por ejemplo, desde la asociación de usuarios de banca Adicae denuncian "una ofensiva de Novagalicia" para evitar cumplir con la sentencia. Tal como detallan, el banco participado mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) ha remitido a las oficinas un protocolo de actuación (ver en el enlace) para "minimizar el impacto negativo" de la eliminación de las cláusulas suelo.

Entre las medidas que han de tomar los empleados de NCG está la obligación de concertar una cita con cada uno de los 90.000 clientes con una hipoteca con cláusula suelo. En esa cita, a los usuarios les ofrecerán varias alternativas (novar la operación a tipo fijo, contratar un plan de pensiones o un seguro de vida...) para que el impacto sea el menor para la entidad, a costa del usuario. Como "palancas" para incentivar esos cambios, tal como denuncian desde Adicae, se ofrecen ampliaciones de los plazos de la hipoteca, reunificaciones de deudas o ampliaciones del crédito principal. "La gravedad de los hechos se ve amplificada por el hecho de que se trata de una actuación por parte de una entidad nacionalizada", señalan.